La labor de la Policía es nuevamente cuestionada tras conocerse que no atendió las denuncias hechas por la última víctima de feminicidio del distrito de Tumán, Maritza Valladolid Calderón, ni cumplió con ejecutar la medida de protección que el Poder Judicial dictó a su favor, como revelaron los familiares de la víctima tras el crimen del último domingo.
Al respecto, el abogado Gustavo Gonzales Reque advirtió la posible comisión de los delitos de omisión de funciones y desobediencia a la autoridad.
Responsabilidad
“Si se verifica que en el procedimiento los efectivos no desarrollaron algún tipo de protección y auxilio rápido en el domicilio de la víctima, entonces hay una responsabilidad que debe ser asumida, incluso a nivel institucional. Los familiares podrían recurrir a una acción legal porque se trata de un caso de omisión de funciones”, alertó el especialista.
De igual modo, cuestionó “la negligencia reiterativa” de los efecivos de la Comisaría de Tumán al no hacer cumplir la medida judicial de protección de la víctima contra su agresor y hoy, presunto feminicida, Juan Mejía Gálvez, situción por la cual también advirtió la supuesta comisión del delito de desobediencia a la autoridad. “Las medidas judiciales se acatan, se cumplen. Los efectivos están obligados a informar al juzgado que dictó la medida de protección la labor que están desarrollando”, agregó.
Por su parte, Graciela Alegría Olazábal, representante de Mujeres Unidas por el Cambio, demandó una mayor capacitación y sensibilización para los efectivos que tienen como función recepcionar este tipo de denuncias.
“Hay que cambiar el chip. Lamentablemente, en esta comisaría, como en otras, se desinteresan del tema bajo la creencia de que es un problema privado o de pareja. Necesitamos que las instituciones tutelares actúen a tiempo y no esperen otro femincidio; varias de estas mujeres muertas ya tenían una denuncia por maltrato físico o psicológico”, dijo.
La socióloga, además, criticó que la Policía pudiera excusar la falta de atención que recibió Maritza Valladolid, por una falta de logística para asumir este tipo de casos. “Que falte personal puede ser un criterio, pero no, una justificación. Una comisaría que está de adorno no sirve para dar protección”, añadió.
