Tras la identificación del presunto direccionamiento en la adquisición de compactadoras en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), el regidor Pedro Ubillús Falla y el abogado Germán Vásquez Merino consideran que el alcalde chiclayano, Marcos Gasco Arrobas también tendría responsabilidad en el caso.

 

Como se recuerda, la Contraloría de la República detectó que el otorgamiento de la buena pro de dicha licitación incumplió con los requisitos de las bases integradas, identificando presuntas responsabilidades en el comité de selección.

 

Al respecto, el letrado conocedor en contrataciones del Estado, Germán Vásquez refirió que el alcalde debió tener conocimiento del procedimiento de la licitación, pese a ello se continuó con la suscripción del contrato.

 

“Hay una jerarquía y la responsabilidad inicial es del comité de selección, pero ellos responden básicamente al titular del pliego, no queda la menor duda que ellos actúan bajo las órdenes de los que designan al comité”, dijo.

 

Agregó que existe la necesidad y obligación que el comité informe paso a paso al alcalde y gerente general ante la trascendencia de la compra.

 

“El alcalde tiene conocimiento de todas estas observaciones … encima de ello ha firmado el contrato … en vez de frenarlo no dijo nada y permitió que esto continúe”, resaltó.

 

Por su parte, el regidor de la MPCh, Pedro Ubillús explicó “por responsabilidad y función él (alcalde) directamente es responsable porque tiene a sus funcionarios que son de confianza, entonces desde ese punto de vista la respuesta es sí, él tiene que ver con ello”.

 

Precisó que los funcionarios, quienes integraron el comité de selección, debieron informar al alcalde.

 

“Claro que él (alcalde) no es un especialista en la materia porque esos procesos con el Estado de compras importantes tienen una metodología porque es normado, pero él confía en la gente que puso para que haga esto”.

 

Por otro lado, ambos coincidieron que la Fiscalía debería considerar el informe de Contraloría para la investigación sobre la adquisición de compactadoras.

 

“No se ha respetado la Ley de Contrataciones del Estado … en términos jurídicos, técnicos se cometió corrupción de funcionarios”, dijo Vásquez Merino.

 

Añadió “los informes de Contraloría tienen carácter de prueba vinculante, el procurador, cualquier ciudadano o miembro de la sociedad civil puede hacer la denuncia”.

 

El concejal Ubillús Falla comentó “esto (informe) es la materia prima para el inicio de las investigaciones”.

 

“Primero habría que indagar la responsabilidad y en función de ello el alcalde deberá tomar una decisión (cambios)”, sostuvo.