La controversia por la exigencia del pago de justiprecio por un área de la obra de mejoramiento de la transitabilidad en la Av. Colectora de Chiclayo podría continuar en las próximas gestiones ediles.

 

Así lo precisó el procurador público de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Juan Huancas Muñoz, quien sostuvo que entregarán toda la información sobre el caso y otros a la próxima gestión que ingrese.

 

Es preciso resaltar que, la MPCh es la unidad formuladora del citado proyecto, por lo cual se encargó de elaborar el expediente técnico y el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) es la unidad ejecutora.

 

Como se recuerda, la ciudadana Catherine Florián alegó ser la propietaria de un área donde se viene ejecutando la obra, por lo cual solicitó el pago de un justiprecio que asciende a los 11 millones de dólares.

 

Sin embargo, desde la MPCh afirmaron que no se debe pagar dicho justiprecio, debido a que el área está habilitada para uso público, por ende, se puede ejecutar la obra sin una expropiación en esa zona.

Frente a esta controversia suscitada se presentaron denuncias, procesos de conciliación y arbitraje sin llegar a un desenlace concreto del caso.

 

Recientemente se conoció sobre el archivo del inicio de un proceso de arbitraje contra ambas entidades, pues la defensa de la supuesta propietaria presentó un desistimiento. sin embargo, el abogado de la demandante, José Rimarachín Carranza, no descartó la posibilidad de volver a iniciar otro proceso de arbitraje.

Ante ello, consultamos al procurador de la MPCh ¿Considera que esta controversia puede seguir en otras gestiones y no en la actual?, y refirió “sí, definitivamente, porque el plazo de prescripción de la acción no ha transcurrido, son años. Tratándose de un tema civil, los plazos de prescripción el mínimo es dos años y el máximo 10 (años), dependiendo de cómo lo interprete el abogado”.

 

Añadió que es posible que la defensa de la supuesta propietaria pueda iniciar proceso de arbitraje en la próxima gestión edil.

 

Al ser interrogado si se ha coordinado solucionar este caso en la actual gestión municipal, el funcionario explicó “lo que ocurre es que nosotros como defensa jurídica del Estado, a través de la Procuraduría General en este caso en particular no tenemos un informe que podamos reclamar alguna pretensión o denunciar alguna irregularidad”.

 

“Nosotros cuando hagamos la transferencia de gobierno vamos a entregar toda la documentación que se encuentra en el despacho como procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, todo lo tenemos tanto físico como digital”, resaltó.

 

 

“Lo vamos a transferir a la próxima gestión para que ellos también tomen cartas sobre el asunto y tengan conocimiento”.

 

Asimismo, consultamos al gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, si existe la posibilidad que más adelante pueda presentarse otro proceso de arbitraje e indició “no podría adelantarme, tendríamos que ver si efectivamente la señora continúa en esa posición”.

 

Agregó “tengo la documentación donde la señora se desiste del arbitraje, hace el desistimiento total, asimismo, es archivada la denuncia penal porque no correspondía … además que ya venció el plazo para la apelación, lo cual tengo entendido no han apelado, entonces debo asumir que ese tema está zanjado”.

 

Ante ello, interrogamos ¿ya no pueden volver a presentar otro proceso de arbitraje o conciliación?, y sostuvo “la verdad que desconozco, no sabría decirte, tengo entendido que debería tener otra pretensión porque esta pretensión ya está desestimada y archivada. “No podría adelantarme, si la señora se ha desistido debe ser por algo”.

 

Es preciso resaltar que, el gobernador y el alcalde de Chiclayo, Marcos Gaso Arrobas fueron denunciados ante Fiscalía por presunto abuso de autoridad por el abogado de la supuesta propietaria del área en controversia, sin embargo, el caso fue archivado.