El presidente Pedro Castillo Terrones retomó la discusión sobre la aplicación de la castración química para violadores de menores de edad, tras el execrable hecho que una menor de 3 años sufrió por parte de Juan Antonio Enríquez García, luego de haberla secuestrado el pasado 12 de abril.

 

Al respecto, el decano del Iustre Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Martínez Oblitas, indicó que es una iniciativa que responde al clamor popular.

 

“La sociedad siente que debe defenderse de estos monstruos, y creen que los sentenciados por violación de menores deben sentir todo el peso de la ley”, explicó.

 

Oblitas no evitó mostrarse a favor de esta propuesta, pero “en la medida que la Constitución lo permita”.

 

La pena de muerte es una propuesta muy controversial, pero la crastación química sí podría ser viable”, agregó.

 

Aun así, Martínez consideró que la cadena perpetua, condena aplicable para este tipo de crímenes, debería implementarse con la creación de “colonias penales agrícolas” que obliguen al sentenciado a proveerse su propio sustento.

 

“La cadena perpetua no es una pequeña sanción, es gente que va a morir en prisión. Lo que sí sería bueno es la creación de colonias penales agrícolas para que estos sentenciados, se vean obligados a comer de lo que trabajan, y no solo debería aplicarse para casos de violación, sino para otros delitos como de lesa humanidad”, precisó.

 

En tanto, el abogado Gilberto Carrasco Lucero, indicó que más que procurar nuevas penas para castigar un delito ya cometido, como en este caso la violación de menores, el Estado debería elaborar “políticas de prevención”.

 

La propuesta (de la castración química) no es nueva, pero eso significaría modificar el Código, porque no está prevista, pero, de otro lado, no persuade la comisión del delito. Por ello, el Estado debería dedicarse a implementar políticas preventivas para proteger a los niños que son potenciales víctimas como los que están en condición de abandono o que son forzados a la mendicidad”, agregó.

 

Pacto de san josé de costa rica

Gilberto Carrasco manifestó que el Perú no debe renunciar al Pacto de San José de Costa Rica para poder ser drástico con las sanciones a violadores, pues considera que el país cuenta con el ordenamiento jurídico necesario para castigarlos.

 

“Perú no puede desligarse del Pacto de San José porque es un candado para que el Estado no choque con el autoritarismo. La sanción a los delitos para los cuales ya existe un ordenamiento jurídico debe ser implementada para que sea más drástica y severa en la etapa de la ejecución de la condena”, dijo, y puso como ejemplo, el traslado a centros penitenciarios especiales para los sentenciados por este delito.