El concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) habría incurrido en irregularidades en el marco de las sesiones convocadas para debatir un pedido de vacancia contra el regidor Andrés Calderón Purihuamán quien está impedido de ejercer mandato público al contar con una sentencia vigente por un año, un mes y 24 días de prisión suspendida.

 

En la sesión extraordinaria de concejo del 10 de marzo, 8 regidores votaron en contra de un nuevo pedido de vacancia contra Calderón repitiendo la sesión del 28 de octubre del año pasado, cuando un mismo número de regidores -incluido el concejal sentenciado- rechazó un primer pedido de vacancia, aunque en esa oportunidad, con votos de abstención.

 

Al respecto, el exregidor Guillermo Segura Díaz, indicó que desde el primer pedido de vacancia, formulado por la ciudadana Blanca Tipiani Perrigo, los regidores habrían cometido una serie de irregularidades, que vulneran la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

 

“El protocolo exige que presentada la solicitud de vacancia el alcalde debe convocar a una sesión, donde ningún regidor puede abstenerse de votar. En esa sesión, el concejo se pronuncia a favor o en contra de la vacancia, y luego eleva el acuerdo municipal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este revisa el expediente y resuelve el pedido, ya sea confirmando el acuerdo municipal o modificándolo de acuerdo a ley”, explicó.

 

En ese sentido, alertó sobre la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes funcionales por parte del pleno del concejo de no haberse cumplido con elevar el primer acuerdo municipal, lo que además habría provocado que un nuevo pero similar pedido de vacancia -formulado por el ciudadano Antonio Durand Váquez- se presentara para ser también rechazado.

 

“Si ya hubo otra sesión y ahora vuelven a tratar el tema es porque ya están en un trámite irregular. El JNE quizá no tenga conocimiento por responsabilidad de los regidores en general, y de los regidores de oposición en particular, quienes están en la obligación de dar a conocer a las autoridades sobre esas irregularidades”, agregó.

Incumplir con este importante protocolo podría acarrear denuncias por parte del mismísimo JNE. El abogado Gilberto Carrasco Lucero indicó que si el Jurado “establece que el concejo no emitió pronunciamiento, convoca a la procuraduría para que formule la denuncia contra quienes incurrieron en esta falta”.

 

Al igual que Segura, Carrasco advirtió otra serie de protocolos omitidos por los regidores en el pedido de vacancia contra Calderón debido al “desconocimiento de la norma”.

 

El letrado indicó que la LOM exige que, luego de un pedido de vacancia “se corra traslado al regidor solicitado (Calderón) para que haga prevalecer su derecho a la defensa, mientras que Asesoría Legal (de MPCh) emite un informe respecto a la legalidad de la solicitud, y con todo eso ya se sigue con la sesión extraordinaria”.

 

En octubre de 2021, 8 regidores se abstuvieron de votar en el pedido de vacancia contra Andrés Calderón argumentando que el pedido hecho por Blanca Tipiani no contaba con las copias originales de la sentencia contra el regidor por el delito de falsa declaración en proceso administrativo.

 

“Si se hubiera hecho traslado al regidor del pedido, y este hubiera dicho que la base del pedido era falso, era exigible el original de la sentencia, pero si lo aceptaba, qué caso habría tenido pedir el original. Solo se hubiese procedido a votar el pedido de vacancia, cualquiera sea el resultado”, explicó Carrasco sobre el particular.

 

El pasado 10 de marzo, nuevamente 8 regidores votaron, pero esta vez, en contra de debatir un pedido similar de vacancia contra el mismo Calderón que, en esta ocasión presentó Antonio Durand debido a que la solicitud no contaba con nuevos elementos. En dicha ocasión, el regidor Ricardo Lara Doig indicó que el concejo no podía pronunciarse “por los mismos hechos”.