De acuerdo con la nueva Ley Nº 31433, que fortalece las atribuciones y responsabilidades de los concejos municipales y consejos regionales, el gobernador de Lambayeque estará obligado a informar sobre su viaje a Dubái y otros temas, de lo contrario sería denunciado para proceder administrativamente.

 

El consejero Williams Velásquez Bardales, refirió que tiene un plazo después de ser notificado del acuerdo de consejo, de 10 días de acuerdo a la norma, para informar al pleno; lógicamente si no cumple con lo establecido, ahora la ley nos ampara, tendríamos que hacer una denuncia para que se abra un proceso administrativo”, explicó y anotó que el lunes a más tardar será notificado.

 

Enfatizó que en todo momento el gobernador Luis Díaz ha demostrado que no tiene ninguna voluntad para poder demostrar in situ la transparencia en su gestión, solamente lo profesa pero al momento que es requerido bajo un acto de fiscalización jamás está dispuesto ni a presentarse al consejo a informar en forma oral, ni a mandar los informes respectivos.

 

“Esto coadyuvado con el comportamiento de su gerente, que siempre tiene una postura de desviar los temas y nunca se trate el punto del requerimiento específico; yo sigo manteniendo mi teoría que al gobernador simple y llanamente no le gusta que lo fiscalicen”, aseveró.

 

El exjefe de la Oficina Regional de Integridad, Elías Pinglo Risco, explicó que según la nueva ley habría responsabilidad administrativa, ya no política, por la cual puede ser sometido a un proceso por parte de la Contraloría.

 

“En primer lugar lo que reconoce esta ley es la facultad de interpelación, que es un tema que naturalmente debía darse (...) Con esta norma se crea un entorno de sanción no político sino administrativo, que era algo que no tenían los gobernadores y alcaldes”, subrayó.

 

A Elías Pinglo le preocupa que todo este tipo de normas salgan sin disponer recursos para que puedan ser aplicadas como es debido. Habla de capacitar a los consejeros y regidores en temas de control; “claro que hay que reforzar la actividad del Consejo, pero debe ir acompañada de los recursos suficientes”, remarcó, al tiempo de precisar que el gobernador regional está obligado a informar en el plazo pertinente.

 

“El gran problema en la gestión pública es que divide al ejecutivo y normativo como si fueran enemigos, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda, son parte de un gobierno, la función es acompañar al ejecutivo”, argumentó.