El Poder Judicial define hoy el pedido de prisión preventiva de 12 meses solicitado por el Ministerio Público contra 3 de los 12 (entre exdirectores y exfuncionarios) de la Beneficencia, todos ellos investigados en el caso ‘La Sociedad’, por el presunto delito de colusión agravada.

 

Los investigados son: María Reynoso de Vargas, María Rosa Vásquez Pérez, Carlos Uriarte Núñez, Franklin Marín Gonzáles Salazar, Martha Chávez Alarcón, Juan José Ferroñán Viera, Martha Pita Mundaca, Felipe Llerena Gómez, Elena Barrueto Horna y José Manuel Niquén García.

 

Asimismo, se investiga a María Rosario Verastegui (expresidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo- SBCh) —a quien no se logró detener— y al coimputado de nacionalidad italiana Massimiliano Mizzi (vendedor del terreno).

 

Ayer en horas de la tarde se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva programada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo contra los imputados: Martha Elizabeth Chávez Alarcón (exgerente general), Juan José Ferroñan Viera (exgerente de Ingeniería) y José Manuel Niquén García (exjefe de Abastecimiento).

 

Sin embargo, la continuidad de la misma está programada para hoy a las 3:30 p.m.

 

Previamente, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque sustentó en su requerimiento que los imputados estuvieron aparentemente implicados en la compra sobrevalorada por más de un millón de soles del terreno en Pimentel para la construcción de un cementerio de dicha institución.

 

Durante la exposición fiscal se mencionó que Martha Chávez Alarcón —quien solicitó formar parte de la comisión de búsqueda del terreno— suscribió la minuta de compra y venta con Mizzi del terreno por el importe de 1’ 193 760 de dólares para el nuevo cementerio de la SBCh.

 

En el caso del imputado Juan Ferroñán, se precisó que este elaboró los términos de referencia sin ser área usuaria para la adquisición del terreno y procedió a dar conformidad a las características del inmueble y por lo tanto se proceda a la cancelación de su valor. Posteriormente, se determinó que el terreno no cumple con las características para la construcción de un cementerio.

 

Respecto al investigado José Niquén, se sustentó que habría simulado haber realizado el estudio de mercado de la contratación, pero no lo efectuó con la finalidad de determinar el valor referencial para la adquisición.

 

En ese contexto se fundamentó que no se tomó en cuenta las formalidades establecidas en los actos preparatorios del de La Ley de Contrataciones del Estado, pues el requerimiento del área usuaria, el estudio de mercado y la certificación presupuestal no se realizaron antes de la aprobación de la adquisición del terreno.

 

Además, se detalló que el terreno no era compatible para la edificación de un cementerio y no cumplía con las condiciones establecidas de la Ley de Cementerios.

 

En la formalización Fiscal se lee que, Massimiliano Mizzi “ingresó directamente la propuesta de su terreno…a la secretaria de la gerencia general…unidad orgánica a cargo de la coimputada Martha Chávez”.

 

Asimismo señala que José Niquén, encargado del órgano de contrataciones en la SBCh, “no realizó el estudio de mercado con la finalidad de determinar el valor referencial de dicho procedimiento; así como tampoco determinó la concurrencia y pluralidad de postores…no se advierte la existencia de cotizaciones, presupuestos…”.

 

Otro hecho grave que la fiscalía le imputa a Niquén García es que, a pesar de que no realizó el estudio de mercado, “en su estudio de posibilidades que ofrece el mercado habría introducido información falsa al señalar que el inicio del estudio de mercado fue el 10 de noviembre de 2017, fecha en la que Mizzi ingresó su propuesta de terreno…”.

 

En otro acápite, el Ministerio Público describe que el imputado, Juan José Farroñán Viera, en su condición de gerente de Ingeniería, “sin justificación técnica alguna modificó los términos de referencia, relacionado a la accesibilidad (primigenio) con la que debía contar el terreno (a adquirir por la entidad), para el nuevo cementerio…”.

 

A los investigados se le atribuye ser autores del delito de colusión agravada debido a que habría concertado ilícitamente con Massimiliano Mizzi en el marco del proceso de contratación directa n.° 01-2018-SBCH para la adquisición del camposanto con la finalidad que la entidad benéfica adquiera el terreno ubicado en el sector Las Pampas del distrito de Pimentel a un precio sobrevalorado por el importe de más de 1 millón de dólares.

 

Durante la comparación existente entre el precio pagado por la entidad benéfica (S/ 3’ 935 826,72) y el valor comercial (S/ 2’ 934 357,58) determinado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, se advirtió una diferencia de S/ 1’ 001 469,14, por lo cual se concluye que se constituye un pago en exceso en su adquisición.

 

Adicional a ello, dicho terreno no cumplió con la finalidad pública, por el cual fue adquirido, por cuanto a la fecha la Beneficencia de Chiclayo no construyó ningún cementerio de tipo tradicional, y el terreno se encuentra sin uso y abandonado.

 

 

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra los 11 imputados de la Beneficencia de Chiclayo en su calidad de autores y a Massimiliano Mizzi en su calidad de cómplice por el presunto delito de colusión agravada, por el plazo de 8 meses.

En el presente caso, concurren los presupuestos señalados en el Art. 336 del Código Procesal Penal, para disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria; toda vez, que aparecen indicios reveladores de la comisión del ilícito investigado, la acción penal no ha prescrito y se ha cumplido con individualizar a los presuntos autores.

Según detalla la disposición n.° 3, del 18 de setiembre de 2021, el ente fiscal formula que como parte de las acciones indagatorias la Fiscalía requiere al titular de la Zona Registral 11 – sede Chiclayo informe en el plazo de cinco días hábiles, los bienes muebles e inmuebles de los imputados.

Asimismo, requiere al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque la medida coercitiva de comparecencia con restricciones contra los investigados María Reynoso, Rosa Vásquez, Carlos Uriarte, Franklin Gonzales, Martha Pita, Felipe Llerena, Elena Barrueto, los cuales siguen investigados.