Como un disparate mayor fue calificada la pretensión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo –MPCh de exigir que la Cooperación Suiza – SECO le devuelva S/ 11, 360,387.10 del financiamiento al proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la Localidad de Chiclayo”.
Para el abogado Elías Pinglo Risco, especialista en gestión pública, la pretensión de la MPCh, “es un disparate mayor”, partiendo desde el hecho de no haber cumplido ni siquiera con el procedimiento del acuerdo previo del Concejo municipal para elevar al Tribunal Constitucional la demanda competencial, tal como este organismo lo observó, además de no haber sido firmada por el alcalde de Chiclayo.
“Técnicamente (la demanda) es una locura. Son recursos que se negocian con una entidad externa y esta tiene la potestad de manejarlo. No son recursos de país a país”.
Explica que los fondos proceden de la Cooperación Suiza y eso se tramita a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que al ponerlos en el mercado, permite que un cooperante generalmente nacional use esos fondos con alguna entidad.
NO PROCEDE
Señala que es un poco disparatada la petición, “porque constitucionalmente no tiene ni pies ni cabeza”. Añade que cuando se está en un convenio con la cooperación internacional esta tiene que ser “pura y se rinde cuentas ante el organismo emisor de los fondos”.
Por ello, considera que es lógica la actitud del cooperante de retirar los fondos, por lo que no existe forma de presionar para que a la MPCh le devuelvan los recursos, que como SECO lo señaló el 2019, retiró su financiamiento al proyecto debido a los supuestos hechos de corrupción relacionados con la planta de transferencia de residuos sólidos.
HAY DESCONOCIMIENTO
El abogado Tito Esteves Torres dice que el Tribunal Constitucional ha resuelto por una cuestión de forma, mas no de fondo, lo que significa que la MPCh podría eventualmente plantear una nueva demanda, por acuerdo de Concejo autorizando al alcalde.
Sin embargo, tras esa misma observación del TC al procedimiento realizado por la municipalidad de Chiclayo, considera que existe desconocimiento, “porque el procurador está facultado para hacer denuncias, pero las demandas competenciales son facultad del titular del pliego, por acuerdo del concejo municipal.
“Además ha faltado otras formalidades”, como el Tribunal Constitucional ha observado.
