Una denuncia penal contra tres funcionarios del Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque, la cual podría acarrear embargos a las cuentas bancarias de esta entidad encendió las alarmas en la actual gestión que lidera, Luis Díaz Bravo.
Vidal Janampa Quispe, representante legal del consorcio Gamma Norte, ejecutor de la millonaria y cuestionada obra de la avenida Chiclayo, presentó dicha denuncia por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Según el escrito, al cual accedió La Industria, e ingresado al Ministerio Público el 15 de julio y comunicado al mandatario regional, los funcionarios denunciados son: Kristian Segundo Polo Sánchez, jefe de Administración; Hermes Guimoye Cadenas, jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y Luis Bazán Ciurlizza, procurador público regional.
“Que para no verse comprometido en estos actos dolosos, su despacho deberá ordenar los esclarecimientos de los hechos y aplicar la medida correctiva del caso sancionando administrativamente a los responsables”, indica Janampa Quispe al gobernador regional.
LA DENUNCIA
El escrito relata que, en el 2018, el 8° Juzgado Civil Comercial de Chiclayo declaró fundada la contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución forzada hasta que el Gore pagara (a Gamma Norte) la suma de 4 millones 699 mil 615.05 soles, más los intereses por ejecución de laudo arbitral.
Frente a esta resolución –describe la denuncia– el Gore apeló dicho fallo, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Civil el 22 de abril de 2019, la misma que confirmó ordenando al Gore el pago del laudo arbitral.
El escrito continúa y señala, que ante esta situación, el Gore interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, el cual fue declarado improcedente el 22 de mayo de 2020.
“En la indicada resolución suprema se ordena que el Gore cumpla con cancelar al consorcio Gamma Norte S/ 4 millones 699 mil 615.05, más los intereses legales, en consecuencia, se ordena llevar adelante la ejecución forzada contra la parte ejecutada por concepto de ejecución de laudo arbitral…”, se lee.
El representante legal del consorcio denunciante refiere que, frente a este escenario iniciaron una serie de gestiones administrativas ante el Gore, así como ante las autoridades administrativas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Ante tanta insistencia, los funcionarios del Gore me informan que el 20 de abril de 2021 solicitaron al MEF la demanda adicional para el pago del laudo arbitral… proporcionándome el Oficio n°000220-2021”, reza el escrito.
Con este documento, Gamma Norte, el 16 de junio de 2021 solicitó una audiencia por escrito con el director de Presupuesto del MEF.
“El 28 de junio de 2021, mi representada pudo conseguir la audiencia con el sectorista del MEF, Carlo Cayo Lazo, quien nos manifestó categóricamente que los funcionarios del Gore nunca solicitaron presupuesto para el pago del laudo arbitral”.
LA HISTORÍA DETRÁS DE LA HISTORIA
El 3 de noviembre de 2010, el entonces gobierno de Humberto Acuña Peralta anunció que el consorcio Gamma Norte ejecutaría el proyecto “Interconexión vial Chiclayo-Lambayeque-Ferreñafe”, más conocido como avenida Chiclayo, con un presupuesto de S/ 53 millones a través de bonos soberanos.
Pero en octubre del 2014, el Gore canceló el contrato que tenía con Gamma Norte aduciendo que la contratista incumplió con subsanar 69 observaciones hechas por el comité de recepción y entrega de obras. Aquel comité advirtió fallas en las losas de concreto y en la pavimentación asfáltica de la millonaria obra.
Por esta razón, el consorcio Gamma Norte llevó a arbitraje el caso, el mismo que terminó ganando.
GERENTE DEL GORE TEME EMBARGO
Frente a esta complicada coyuntura, ayer, a las 15:56 horas, el gerente general del Gore, Jorge Montenegro Chavesta, remitió el Memo Múltiple n° 000137-2021 a los tres funcionarios denunciados: Hermes Francisco Guimoye Cadenas, Kristian Segundo Polo Sanchez, Luis Enrique Bazán Ciurlizza.
El asunto de este memo múltiple al cual La Industria también accedió dice, “Muy urgente: hace conocer denuncia penal ante Fiscalía por omisión de actos funcionales”.
“En tal sentido, y por estar inmersos su persona en el referido documento, se eleva a su despacho conforme a su competencia para que realicen las acciones correspondientes tomando las previsiones del caso, ya que podría producirse un embargo de cuentas”, señala en el memo, Montenegro Chavesta.
Por último los conmina, “de lo descrito líneas arriba deberán informar a mi despacho de las acciones inmediatas tomadas al respecto, conforme a la normativa”.
