A raíz de las anomalías que el Órgano de Control Institucional (OCI) determina en diferentes procesos de contratación del Gobierno Regional de Lambayeque (Gore), que algunos causan perjuicio económico a la entidad, el diario La Industria decidió entrevistar a representantes de la sociedad civil al respecto.

 

Un caso último lo detectó el OCI en cartas fianza a las cuales no se confirmó su veracidad, hecho en el que el órgano de control señaló la existencia de un perjuicio económico por S/ 859 627, 88.

 

Nuestros entrevistados remarcaron que estas situaciones con presunta irregularidad, solo llevan a debilitar aún más las instituciones públicas, por la falta de filtros adecuados, lo cual no es nuevo en esta sede, situación que se arrastra de gobiernos anteriores.

 

Según informó La Industria recientemente, el OCI del Gore mediante el Informe de Control Específico n° 018-2021 detalló que se determinó el “registro extemporáneo del consentimiento de la buena pro del postor ganador (Consorcio Lagunas), admisión como residente de la obra a ingeniero civil que no acreditó contar con experiencia requerida, así como, la aceptación de cartas fianza de fiel cumplimiento y de adelanto directo por S/ 1 559 627. 88 sin previa confirmación de su veracidad”.

 

 

Para Álvaro Mendoza Cortijo, de la Coordinadora Lambayeque “definitivamente es un perjuicio grande y esto se ha generado por la falta de capacidad y conocimiento para poder encarar la situación y sobre todo el principio de autoridad. No hay la suficiente conducción en la gestión pública”.

 

 Asimismo, considera que la falta de veracidad de las cartas fianza que se presentaron en el proceso de selección en cuestión y que motivó la anulación del contrato se debe a la ausencia de filtros de los funcionarios para verificar la autenticidad de los documentos.

 

“No hay la invitación de profesionales realmente competentes para que puedan asumir con experiencia y capacidad estas responsabilidades que son grandes y sobre todo, en el caso de Lambayeque, que está en los ojos de todo el país por los casos de corrupción”, afirmó.

 

En su informe el OCI detalla responsabilidades en Wilmer Vásquez Guerrero (jefe de Logística), con acciones penales y administrativas; Germán Pisfil Agapito (Administración) acciones administrativas; Jorge Luis Chanamé Bernal (Tesorería) acciones penales y administrativas y Dalbert Gioliv Aldave Vásquez (locador de la oficina de Tesorería) acción penal.

  

 

El OCI precisó que las acciones detectadas con presunta irregularidad, “conllevaron a la nulidad de contrato y que la entidad esté imposibilitada de recuperar el monto otorgado como adelanto directo, ocasionando perjuicio económico por S/ 859 627, 88; así como la afectación de la legalidad, finalidad del proyecto y el correcto funcionamiento de la administración pública, del informe de control específico de acuerdo a las normas que regulan la materia”.

 

Para el sociólogo Luis Espejo Morante este nuevo hecho, con presuntas irregularidades puesto en evidencia por el OCI, es una situación grave y sobre todo reiterativa, que no solo se está dando en Lambayeque sino en varios gobiernos regionales, donde se han presentado situaciones similares y han sido detectados por los órganos de control.

 

“No es que no haya los profesionales, sí los hay de mucho nivel, pero lo que siento es que todavía se sigue trabajando sin cumplir estrictamente los procedimientos que ordena la ley”.

 

Asimismo, refiere que estas irregularidades no pueden considerarse como descuido, sino que hay intereses creados. “Siento que eso sigue debilitando mucho más las instituciones. Creo que la gente aún no es consciente que estamos en riesgo”.