La fiscalía llegó a la Sociedad de la Beneficencia de Chiclayo a pedir los comprobantes de pago por los Equipos de Protección Personal (EPP), esto como parte de la investigación que se sigue por la supuesta sobrevaloración.
La presidenta de la Beneficencia, Ericka Araujo indicó que se levantó un acta, indicando que no hay ningún pago por los EPP.
El área de Administración fue la visitada por la Fiscalía al promediar el mediodía. “Ellos han ingresado in situ y me imagino que la Fiscalía ya va a formular la denuncia”, aseveró.
DENUNCIA
El 25 de junio la Procuraduría Pública Municipal de Chiclayo denunció al comité de selección en el proceso de adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP) de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.
Tras información de presuntas irregularidades en el proceso de selección por los delitos de colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Los integrantes del comité son: Martín Piscoya Pastor (exjefe de Logística de la Beneficencia), Fernando Rogelio Arias Becerra (jefe de Recursos Humanos), así como el presidente del Comité, Juan Carlos Grández Orbegoso (gerente general) y la representante legal del consorcio Capanity S.A.C. Natalie Alexandra Inga Quesada.
La denuncia se basa en los informes que brindó las áreas pertinentes.
Araujo Gonzales explicó que tras una observación del integrante del Directorio, César Samamé, se solicitó al procurador que evalúe según sus competencias algunos cambios en la denuncia.
“La recomendación es que revise la denuncia porque menciona a funcionarios públicos y la Beneficencia es privado. César Samamé me hizo esa observación a fin que prospere la denuncia. Entonces hablé con el procurador y luego remití un documento indicándole que revise el tema para evitar que se caiga el proceso. El procurador me sacó unos expedientes donde con anterioridad han denunciado a otras personas en calidad de funcionarios públicos por los mismos delitos y las denuncias han prosperado”, aseveró.
