Los peritos que el Ministerio Público designó para realizar el peritaje contable en el caso Veolia de la comuna chiclayana, indican perjuicio económico de S/ 249 mil y corrobora lo descubierto por Contraloría.

 

Al respecto, especialistas en temas legales explicaron con mayor detalle los hechos.

 

El abogado Jovino Castillo Castillo indicó que, un peritaje contable no se ha hecho para corroborar el informe de Contraloría de la República, sino que se ha hecho para establecer un daño patrimonial, distinto a los hallazgos que detectó Contraloría. “Porque una pericia se hace con todos los medios probatorios contables que tenga la investigación preparatoria”.

 

Expresó que el informe de Contraloría es uno de varios, pero el perito contable revisa toda la investigación preparatoria, separa todos los elementos contables, todos los documentos, todos los procesos de selección y antecedentes. Además, con la documentación que acredite la intervención de todas las personas investigadas.

 

“Un peritaje es un tema más profundo que el informe de Contraloría. Además, el informe de Contraloría se realiza antes de la investigación fiscal, no es durante o posterior al proceso”, acotó.

 

Jovino Castillo dijo que un informe pericial requiere que ambas partes del caso estén comunicadas. “Una pericia se hace fijando varios límites y esos límites los fija el Ministerio Público, debe ser comunicado a las partes para establecer si se cumple o no con el objeto o si cuestionan o no”, acotó.

 

“Una vez que es conocida la pericia, la fiscal tiene que correr traslado a las partes y como el tema es complejo, las partes tienen derecho a contradecirlo y designar a sus propios peritos para que se pronuncien.

 

El abogado tributalista civilista, Almanzor Toro León, dijo que, si la Fiscalía ofreció una pericia y lo hizo fuera de plazo, no hay razón para que el juez deniegue o concluya que no hay eficacia en esa pericia.

 

“Hay que recordar que en delitos que tiene que ver con acciones de funcionarios o entidades del Estado, el bien jurídico es la correcta administración pública del Estado, donde Fiscalía a través de su Procuraduría son quienes defienden al Estado, no veo por dónde el juez tenga que amparar esta pretensión tratándose de una pericia ofrecida de la propia Fiscalía”, argumentó.