El peritaje contable en el caso Veolia, el cual arroja un perjuicio económico superior de 249 mil soles contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) generó diversas opiniones en la gestión de Marcos Gasco Arrobas.
El regidor Orlando Puell Varas indicó que el peritaje que corrobora la versión de Contrloría, da pie a que acelere la investigación para hallar responsabilidades.
“Esto demuestra que todo lo que se generó como consecuencia de una insuficiencia en el sustento legal para declarar en estado de desabastecimiento el servicio es corroborado y segundo el hecho que el proceso mismo tuvo sus deficiencias que en su momento lo advertimos los tres regidores de minoría”, acotó y agregó que la empresa Veolia nunca debió ganar la licitación pública.
El 1 de marzo del 2019 el Concejo Provincial de Chiclayo aprobó por mayoría (solo tres votos en contra) el Acuerdo Municipal 021-2019, el cual declara en situación de desabastecimiento inminente el servicio de recolección de residuos sólidos en Chiclayo.
Uno de los regidores que votó a favor de este desabastecimiento, fue Carlos Montenegro Gonzales, quien junto a 12 concejales más rindieron sus declaraciones ante la Fiscalía, siendo investigados por Colusión, de lo cual ya fueron absueltos.
El concejal mencionó que el pleno no tiene injerencia en el tema de los contratos. “Solo declaramos en desabastecimiento inminente para que los funcionarios hagan lo conveniente. Ya no es parte de la función de los regidores.
MPCH RESPONDE
En tanto, el abogado de la autoridad edil, Silverio Alvarado dijo que todo parte de una pericia a solicitud de la Fiscalía de manera extemporánea. Los plazos de la investigación ya terminaron el mes pasado.
“A la fiscal se le ha hecho saber que ya vencieron los plazos, no pueden haber actuaciones del Ministerio Público más allá del 31 de mayo; sin embargo, ella ha requerido una ampliación de plazo al juez que controla la investigación, hasta la fecha no llega una actuación del juez; por lo tanto cualquier acción será extemporánea”.
Señaló que los peritos han sido nombrados por la Fiscalía, pero debió ser por Contraloría. “Esa potestad que se deriva de un examen de control tenía que ser evaluado por parte de la Contraloría”.
