Los peritos que el Ministerio Público designó para realizar el peritaje contable en el sonado caso conocido como Veolia (contratación hecha por la Municipalidad Provincial de Chiclayo -MPCh) evacuaron sus conclusiones, las cuales determinan un cuantioso perjuicio económico.
El documento está dirigido a la fiscal Karím Ninaquispe Gil, responsable del despacho especializado en delitos de corrupción de funcionarios y quien dirige la investigación.
Fue la propia Ninaquispe –reza el peritaje– quien designó a los contadores públicos colegiados Jannina Miluskha Hurtado Cerna y Ricardo Augusto Malca Munaico, “para practicar el peritaje contable en la denuncia efectuada contra: Marcos Gasco Arrobas, Cinthya Del Milagro Flores Huamanquispe, José Germán Flores Cabanillas, Cristian Felipe Rosenthal Ninapaytan, Ricardo Alfonso Romero Rentería, Luis Alberto Ponce Ayala, Juan Carlos Ibáñez Álvarez, Oscar Rynaldy Ahumada Ramos, Adriana Lisette Ghersi Burga, Edgardo Augusto Siaden Ortega; Juan Andres Bendezu Zevallos y Ralph Montoya Vega”.
Según el escrito, los arriba citados están comprometidos en la presunta comisión del delito de colusión agravada alternativamente negociación incompatible en agravio de la MPCh.
EL CASO
Como se sabe, en abril de 2019, la comuna chiclayana suscribió contrato con la empresa Veolia a través de una contratación directa por el valor de S/ 1 896 750 denominada “Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos”, proceso que aparentemente habría sido direccionado para favorecer a la contratista, acciones que fueron advertidas desde los actos preparatorios.
Otros hechos cuestionables son los informes que, desde la misma MPCh se generaron para declarar en situación de desabastecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos sin el debido sustento técnico legal, lo cual generó riesgos que la comuna contrate directamente al margen de la normativa vigente contraviniendo el principio de legalidad y correcta administración pública.
Estos informes dieron pie a que el Concejo Provincial de Chiclayo apruebe por mayoría (solo tres votos en contra) el Acuerdo Municipal 021-2019 del 1 de marzo de 2019, que declara en situación de desabastecimiento inminente el servicio de recolección de residuos sólidos en Chiclayo.
OBSERVACIONES
El peritaje también determina observaciones en el Centro de Gestión Ambiental de Chiclayo- CEGACH, entre estas: no existe un informe actualizado de las rendiciones de caja chica destinado para el mantenimiento de las unidades destinadas a esta gerencia (compactadoras, volquetes, motos etc.) los últimos 4 años.
Además, no existe entrega de cargo de los anteriores jefes de esta unidad; trabajan 55 CAS asignados a la unidad de Residuos Sólidos; de las 16 compactadoras solo 7 están operativas; tenemos 265 zonas de barrido, pero solo se cuenta con 130 personas, habiendo un déficit de personal para cubrir estos sectores; a la fecha solo se cobertura el 55 % de barrido.
La MPCh cuenta con 7 volquetes, de los cuales 4 están operativos y 3 inoperativos, hay un solo cargador frontal operativo; la Unidad de Parques y Jardines no tiene un inventario del número de parques de Chiclayo; no cuentan con un inventario actualizado de equipos y maquinarias asignadas a la Unidad de Parques y Jardines, entre otros.
El documento también hace mención del informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPCh, el cual, entre varias cosas arrojó que, el Pedido de Servicio N° 482 fue emitido dos veces con la misma fecha (7 de marzo 2019).
Otra observación es la suma mayor en exceso de S/ 141,750.00 en el contrato firmado con Veolia, cuando el Valor referencial era de S/ 1,755, 000. 00, pero el postor (Veolia) propuso S/ 1, 896,750.00
Los peritos que el Ministerio Público designó para realizar el peritaje contable en el sonado caso conocido como Veolia (contratación hecha por la Municipalidad Provincial de Chiclayo -MPCh) evacuaron sus conclusiones, las cuales determinan un cuantioso perjuicio económico.
El documento está dirigido a la fiscal Karím Ninaquispe Gil, responsable del despacho especializado en delitos de corrupción de funcionarios y quien dirige la investigación.
Fue la propia Ninaquispe –reza el peritaje– quien designó a los contadores públicos colegiados Jannina Miluskha Hurtado Cerna y Ricardo Augusto Malca Munaico, “para practicar el peritaje contable en la denuncia efectuada contra: Marcos Gasco Arrobas, Cinthya Del Milagro Flores Huamanquispe, José Germán Flores Cabanillas, Cristian Felipe Rosenthal Ninapaytan, Ricardo Alfonso Romero Rentería, Luis Alberto Ponce Ayala, Juan Carlos Ibáñez Álvarez, Oscar Rynaldy Ahumada Ramos, Adriana Lisette Ghersi Burga, Edgardo Augusto Siaden Ortega; Juan Andres Bendezu Zevallos y Ralph Montoya Vega”.
Según el escrito, los arriba citados están comprometidos en la presunta comisión del delito de colusión agravada alternativamente negociación incompatible en agravio de la MPCh.
EL CASO
Como se sabe, en abril de 2019, la comuna chiclayana suscribió contrato con la empresa Veolia a través de una contratación directa por el valor de S/ 1 896 750 denominada “Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos”, proceso que aparentemente habría sido direccionado para favorecer a la contratista, acciones que fueron advertidas desde los actos preparatorios.
Otros hechos cuestionables son los informes que, desde la misma MPCh se generaron para declarar en situación de desabastecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos sin el debido sustento técnico legal, lo cual generó riesgos que la comuna contrate directamente al margen de la normativa vigente contraviniendo el principio de legalidad y correcta administración pública.
Estos informes dieron pie a que el Concejo Provincial de Chiclayo apruebe por mayoría (solo tres votos en contra) el Acuerdo Municipal 021-2019 del 1 de marzo de 2019, que declara en situación de desabastecimiento inminente el servicio de recolección de residuos sólidos en Chiclayo.
OBSERVACIONES
El peritaje también determina observaciones en el Centro de Gestión Ambiental de Chiclayo- CEGACH, entre estas: no existe un informe actualizado de las rendiciones de caja chica destinado para el mantenimiento de las unidades destinadas a esta gerencia (compactadoras, volquetes, motos etc.) los últimos 4 años.
Además, no existe entrega de cargo de los anteriores jefes de esta unidad; trabajan 55 CAS asignados a la unidad de Residuos Sólidos; de las 16 compactadoras solo 7 están operativas; tenemos 265 zonas de barrido, pero solo se cuenta con 130 personas, habiendo un déficit de personal para cubrir estos sectores; a la fecha solo se cobertura el 55 % de barrido.
La MPCh cuenta con 7 volquetes, de los cuales 4 están operativos y 3 inoperativos, hay un solo cargador frontal operativo; la Unidad de Parques y Jardines no tiene un inventario del número de parques de Chiclayo; no cuentan con un inventario actualizado de equipos y maquinarias asignadas a la Unidad de Parques y Jardines, entre otros.
El documento también hace mención del informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPCh, el cual, entre varias cosas arrojó que, el Pedido de Servicio N° 482 fue emitido dos veces con la misma fecha (7 de marzo 2019).
Otra observación es la suma mayor en exceso de S/ 141,750.00 en el contrato firmado con Veolia, cuando el Valor referencial era de S/ 1,755, 000. 00, pero el postor (Veolia) propuso S/ 1, 896,750.00
