Con las horas contadas. Así estaría la estadía del vicegobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, imputado en el sindicado caso ‘El imperio del mal’, quien desde hace una semana está al frente del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

 

Como se sabe, Díaz Bravo asumió esta función tras levantársele la detención preliminar en su contra, estando ahora a la espera de su audiencia de prisión preventiva, la cual fue programada por el Poder Judicial para el próximo 25 de marzo.

 

Cabe remarcar que, Díaz Bravo ejerce como momentánea máxima autoridad regional amparándose en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual ordena que, en ausencia del gobernador el vicegobernador asume funciones.

 

Precisamente haber tomado el mando del GRL despertó la alarma de más de un abogado penalista local, quienes consideran que la figura de Díaz Bravo en dicho aparato estatal y siendo un investigado por presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios aparentemente cometidos en el GRL, genera un peligro procesal al caso.

 

Ahondando un poco en este polémico caso, La Industria volvió a revisar el voluminoso requerimiento de prisión preventiva presentado por la fiscal anticorrupción, Karín Ninaquispe Gil, ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Reynaldo Leonardo Carrillo.

 

En dicho escrito, en la página 323, en el acápite “peligro de obstaculización” se lee extensos párrafos que sustentarían por qué Luis Díaz Bravo no podría estar al frente del GRL.

 

La representante del Ministerio Público se respalda indicando que debe tomarse en cuenta lo regulado en el art. 270 inciso 1 y 2, respecto al imputado Luis Alberto Díaz Bravo, quien ostenta en la actualidad el cargo de vicegobernador de Lambayeque.

 

Ninaquispe Gil le pide al juez tomar en cuenta que Díaz Bravo también en varias oportunidades fue regidor de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

 

“Así como que varias personas dentro del gobierno regional le deberían favores políticos, y como miembro de esta organización ha podido crear contactos y es más, ha propiciado ingreso de trabajadores en el GRL”, reza el documento.

 

La Fiscalía se sustenta en la evidencia de la conversación que (Díaz Bravo) sostuvo con el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión a través del chat de Whatsapp.

 

“Si lo sé, Anselmo. Él es un amigo de niñez de Edwin Vásquez y mío. Hemos crecido juntos en la misma cuadra. Él tiene un compromiso conmigo de amigos, no de partidos políticos. Es buena persona y muy amable y honesto”, se lee en el documento.

 

Karín Ninaquispe detalla que dicha conversación se haya en el acta de diligencia de deslacrado, lectura y visualización de un equipo celular incautado en el inmueble ubicado en la calle Los Tambos N° 850 – La Victoria – Chiclayo de propiedad del imputado Anselmo Lozano Centurión.

 

“Esto haría razonable que dados los contactos y favores políticos que le deberían por puesto de trabajos y por el cargo que ocupa en dicha entidad, posibles testigos no declararían con la verdad o de seguir en el puesto de vicegobernador de Lambayeque, podría influir a que estos no declaren con la verdad o eliminar medios de prueba, lo que evidenciaría que es razonable suponer que podría obstaculizar la presente investigación, configurándose el peligro procesal de obstaculización también en este extremo”, afirma la fiscal en su requerimiento.

 

 Frente a tal escenario, La Industria decidió ir en busca de la fiscal del caso, Karín Ninaquispe, para preguntarle directamente si para ella ¿existe o no peligro procesal? Y contestó, “sí, el Ministerio Público lo hemos planteado”

“Es lo que nosotros hemos puesto en nuestros fundamentos al momento de argumentar el peligro procesal de las personas que están vinculadas con la administración del GRL”, corroboró la fiscal.

Ninaquispe agregó haber evidenciado que, los que son funcionarios de la entidad vinculados a estos hechos de corrupción, por el simple hecho de tener un cargo en el GRL, sobre todo cargo alto de manejo y disposición, significan un riesgo para la averiguación de la verdad en cuanto a que puede obstaculizar las investigaciones mismas, lo cual se le ha informado al juez, mencionó.

“Cuando nosotros solicitamos la prisión fuimos claros al describir cuáles son los que tienen peligro procesal, sobre todo los que tienen vinculación contractual y vinculación funcional, como este caso por haber sido electo por mandato popular, que en este caso solo son dos: el gobernador (Lozano) y el vicegobernador (Díaz)”, reveló.

Al consultarle sobre el acuerdo regional que los consejeros regionales le remitirán, en el cual le piden que solicite ante el juez el adelanto de la audiencia de prisión preventiva para el vicegobernador, replicó.

“Yo he estado imbuida en los últimos días en la preparación de la audiencia de prisión preventiva para los 10 primeros imputados y me he descuidado un poco de las últimas noticias. De todas maneras esperaré que formalmente me llegue el acuerdo y nos pronunciaremos respecto a esa solicitud”, contestó.