El juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Leonardo Carrillo, declaró fundado, en parte, el requerimiento de prisión preventiva imponiéndole 24 meses de cárcel al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión y a cuatro imputados más implicados en el sindicado caso de ‘El imperio del mal’.

 

La misma decisión le fue dictada a: Harry Gonzales Solano, Wilfredo Castro Carmona, Osman Yangua Criollo y Alejandro Criollo Quispe. Para todos ellos el magistrado ordenó, también, su internamiento en un reclusorio por el plazo de dos años.

 

Una suerte distinta tuvieron los también investigados: María Rita Castro Grosso, su hijo, William Eduardo Sime Castro, Marco Antonio Tarrillo Bustamante, Alexandra Melli Criollo Ramírez y José Jeancarlo Huamán Vargas, a quienes les impusieron comparecencia con restricciones.

 

En el caso de los cinco últimos deberán estar sujetos a reglas de conducta como: comparecer cada fin de mes ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, no ausentarse de su domicilio sin autorización del juez, no tener comunicación con los demás imputados ni con los aspirantes a colaborador eficaz.

 

Con relación a Jeancarlo Huamán Vargas, el juzgado le impuso una caución de 10 mil soles; a María Rita Castro, 10 mil soles; la misma suma de caución le dictaron a su hijo William Sime Castro, quienes deberán pagarla en el plazo de los siguientes 10 días hábiles bajo apercibimiento en caso de incumplimiento revocándose la medida por una de mayor gravedad a pedido de la fiscal.

 

Debido a que el gobernador regional, Anselmo Lozano está hospitalizado y según su abogado, Omar Zapata, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado, el juez Reynaldo Leonardo precisó que la medida de prisión preventiva se ejecutará una vez que se le dé de alta al imputado en dicho centro de salud.

 

Asimismo, ordenó que la representante del Ministerio Público (MP) que investiga este caso, Karín Ninaquispe Gil, oficie al Instituto de Medicina Legal para que practique la evaluación médica respectiva a Lozano Centurión, a fin de determinar el verdadero estado de salud del investigado.

 

Para los demás, el magistrado ordenó su inmediato internamiento en el penal Chiclayo.

 

 

 En la parte final de la larga audiencia (de un total de cinco días), el juez Reynaldo Leonardo preguntó a la fiscal del caso, Karín Ninaquispe si estaba de acuerdo con la decisión judicial y esta contestó, “el Ministerio Público interpone apelación en el extremo de prisión preventiva (para los que recibieron comparecencia con restricciones), el cual será sustentado dentro del plazo de ley”.

A su turno, la defensa técnica del gobernador regional, Anselmo Lozano, indicó que también interpondrá apelación “por considerar ilegal la decisión del juez”.

Por su parte, los abogados defensores de los imputados: Wilfredo Castro, Harry Gonzáles, Alejandro Criollo y Osman Yangua, también indicaron que apelarán el fallo judicial.

Mientras que los defensores legales de: Marco Tarrillo, María Rita Castro, William Sime y Alexandra Criollo sostuvieron estar de acuerdo con la decisión.

Por último, el abogado de Jeancarlo Huamán indicó que apelarán en el extremo del pago de la caución.

 

Tal como La Industria ha venido informando, el 27 de enero último, el Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, logró la detención preliminar del gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión y 16 personas más sindicadas de pertenecer a una presunta organización criminal.

Dicho requerimiento hecho por la fiscal, Karín Virginia Ninaquispe Gil, contenido en la Carpeta Fiscal N° 218-2020 fue ejecutado con el apoyo de 25 fiscales y más de 100 efectivos policiales, el mismo que tuvo su punto de quiebre a las 4:00 de la madrugada (de aquel 27 de enero) cuando en forma simultánea detuvieron a 16 personas, quedando como no habido para la ley, en ese momento, el vicegobernador regional, Luis Díaz Bravo.

Dicha autoridad, (Díaz Bravo), días después logró que se le levante la orden de detención en su contra en una audiencia de apelación.

Cabe mencionar que la citada autoridad regional en estos momentos ejerce el control total del Gobierno Regional de Lambayeque, tal como le faculta la ley en estos casos.

La tesis de la fiscalía se basó entre otros elementos, en “la presunta organización criminal instaurada en la Municipalidad Distrital de La Victoria (MDLV) y su expansión al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

Aquí el Ministerio Público (MP) reza que, en la Disposición Fiscal N°02 de fecha 14 de enero de 2021, (del cuaderno de colaboración eficaz), se evidencia hechos presuntamente ilícitos vinculados a los procesos de contrataciones de la MDLA (periodo 2015 - 2018) y del GRL.

“…se evidencia que en la MDLV entre el 2015 - 2018, se habría constituido una organización criminal destinada a cometer delitos de corrupción de funcionarios (cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias), organización liderada por el alcalde en ejercicio de ese entonces, Anselmo Lozano Centurión e integrada por sus cercanos colaboradores, funcionarios de la entidad municipal con capacidad de decisión administrativa vinculados a las contrataciones públicas”, se lee en el documento.

Además, el MP suscribe que, “se evidencia que de forma coordinada y sistemática se habría implantado un modus operandi –patrón de actuación– en los procesos de contratación de obras públicas, en los que los funcionarios aceptaban y/o recibían, en otras ocasiones solicitaban dádivas a los postores (contratistas)”.

Asimismo, agrega, “la compra y venta de la función pública habría sido una constante en el tiempo. Es así que los contratistas entregaban dádivas económicas a efectos de obtener la buena pro de los procesos, o habiendo ganado los procesos, entregaban dádivas a efectos de continuar obteniendo la buena pro en dicho municipio. Para ello cada uno de los investigados dentro de su esfera funcional se repartieron y/o dividieron funciones específicas, no solo dentro de la estructura estatal, sino fuera de ella, para obtener ganancias ilícitas”.

El Ministerio Público sustenta, también, que la modalidad implantada en la MDLA “se habría mantenido en el tiempo, expandiéndose al Gobierno Regional de Lambayeque, con la toma de cargo de Anselmo Lozano, quien al asumir la gobernación, de inmediato designó a los funcionarios de la MDLA en cargos de confianza, estratégicos y de decisión”.

Agrega, “es así que se evidencia –de los elementos de convicción– que los funcionarios de la MDLA que estuvieron en el periodo de Anselmo Lozano Centurión, cuando este se desempeñó como alcalde de La Victoria han pasado a ocupar desde el año 2019 cargos estratégicos en distintas áreas del GRL…”.

El requerimiento también describe que, esta presunta organización criminal habría mantenido la estructura administrativa –de nivel micro estructura– a un nivel más alto –nivel macro estructura– por cuanto los funcionarios que ostentaron los principales cargos en la MDLA estarían desempeñándose en puestos administrativos de decisión en el Gobierno Regional, aparato de poder administrativo, a través del cual se estaría perpetrando actos de corrupción.