Cuando muchos pensaban que retomando Luis Díaz Bravo sus funciones de vicegobernador regional el problema de la ausencia de poder en este ejecutivo se solucionaría, al hacerlo ayer nació la posibilidad de una nueva figura jurídica: el peligro procesal.

 

Díaz Bravo sorprendió a todos llegando muy temprano a su oficina de la Vicegobernación, desde donde despachó y firmó documentos digitales y convocando, para hoy, a los gerentes regionales a un directorio.

 

Pero dicha actuación comenzó a despertar entre algunos especialistas del Derecho Penal ciertas observaciones, las cuales La Industria recogió para el análisis respectivo.

 

Uno de los respetados juristas que se pronunció al respecto fue Jovino Castillo Castillo, quien enfocó este caso sosteniendo que “él mismo (Díaz Bravo) está construyendo su peligrosidad procesal”.

 

Castillo afirma que, las personas investigadas en el sindicado caso ‘El imperio del mal’ al estar ligadas al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), como son el gobernador regional, vicegobernador, gerentes regionales y otros más, generan un problema si retoman sus funciones.

 

“El Sistema de Justicia para evaluar medidas de prisión preventiva mucho incide en un elemento que se llama peligro procesal probatorio, es decir que, la persona por su condición de funcionario habida cuenta cuando se le imputa un delito de función pública siga teniendo contacto con la cosa pública, más aún si tiene el control total de la entidad donde se sospecha habría cometido los delitos que se le imputan”, indicó.

 

Castillo señala que, en este caso, la Fiscalía que lo investiga tiene con esto una alta probabilidad de sospecha grave de peligro procesal, “porque el investigado podría influir en el manejo de la documentación, ocultamiento de esta, a pesar de los allanamientos que no son suficientes”.

 

El jurista precisa que en este escenario la fiscal del caso, Karín Ninaquispe Gil, debe informar la conducta que realiza el imputado, quien podría entorpecer la actividad probatoria.

 

Castillo Castillo agregó que, si el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP) tienen claro el peligro procesal, la fiscalía podría pedir que se adelante la audiencia de prisión preventiva contra Luis Díaz.

 

“Creo que acá, en este caso, tenemos a una Procuraduría Anticorrupción muda, la cual debería estar coadyuvando, junto con la Defensoría del Pueblo, porque aquí ambas instituciones tienen el deber de proteger el patrimonio público”, agregó.

 

En aras de profundizar aún más en esta singular situación, La Industria también entrevistó al jurisconsulto, Percy Arnaldo Panta Burga.

 

Panta precisó que, si Luis Díaz viene siendo procesado bajo la imputación de miembro de una organización criminal (que es el caso) que utiliza el aparato estatal, en este caso el GRL, para cometer actividades ilícitas, en ese supuesto, se estaría hablando de peligro procesal.

 

“Si como vicegobernador utilizó (al GRL) para obtener provecho ilícito…que el señor abusando de su función cometía estos delitos para favorecer a esta organización criminal, obviamente, bajo este escenario estaría latente un peligro procesal”, explicó.

 

Panta evocó el caso de Adrián Arroyo Soplapuco, quien como primer regidor de Olmos asumió la alcaldía, pero una Sala Penal Superior fue del criterio que el hecho de tener la condición de burgomaestre podía implicar una obstaculización a la actividad de la investigación.

 

“Esta decisión la adoptó dicha Sala porque se perdieron computadoras donde encontrarían información para obtener pruebas para el caso, lo cual fue la razón para declarar fundada una prisión preventiva, sobre esta misma razón podría entenderse este caso del vicegobernador, quien al asumir podría obstaculizar la labor del MP”, suscribió.

 

Panta Burga también resalta que, por ser Luis Díaz una autoridad elegida por elección popular, no aplica la suspensión de sus derechos como tal.

 

“No cabe, porque específicamente el Código Procesal Penal señala que no procede la suspensión de derechos para cargos de elección popular, al no haber esa posibilidad podría darse la figura como la de Adrián Arroyo en Olmos y declararse fundada la prisión preventiva”, enfatizó.

 

El penalista aclaró que, para que la prisión preventiva llegue a darse la Fiscalía “tendría que presentar sólidos elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y la participación del vicegobernador en estos delitos o en hechos que obstaculicen la investigación, pero no teorías”.

 

Notificados para una sesión ordinaria hoy, el consejero regional, William Velásquez Bardales, indicó también que había tomado conocimiento de la posibilidad del peligro procesal que existiría, de lo cual –dijo– Luis Díaz debe estar consciente.

 

“Por el bien de Lambayeque, el vicegobernador, Luis Díaz, debería pedir una licencia hasta que se resuelva su situación legal”, indicó.

 

Velásquez señaló que no solo la fiscal Ninaquispe debería estar atenta al peligro procesal, sino, también, el fiscal Juan Carrasco Millones, quien realizó allanamientos en la sede del GRL por el caso de los bróker, donde igual se le vincularía al vicegobernador.

 

“Sin que usted amigo periodista me lo diga, mañana (hoy), no solamente yo, sino existe un grupo de consejeros que también recibió asesoramiento y tomó conocimiento de esta situación (peligro procesal), pediremos en la sesión que se haga hincapié de esto y solicitarle al vicegobernador que pida una licencia”, dijo.

 

Por último, hizo un llamado al juez de este caso (Reynaldo Leonardo Carrillo) a nombre de la región: que reconsidere y reprograme la audiencia de prisión preventiva contra Luis Díaz.

 

“No entiendo, sabiendo el juez la situación de acefalía de poder que vive la región, la cual se ha comunicado por todos los medios de información local, el magistrado no haya considerado al vicegobernador en el primer grupo para la audiencia de prisión preventiva”, acotó.