Tendrían su domingo 7. Los integrantes de la presunta organización criminal sindicada como ‘El imperio del mal’, la cual, para el Ministerio Público (MP) sería liderada por el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, podría recibir 36 meses de cárcel preventiva por supuesto delitos de corrupción.

 

Este fue el pedido del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de Karín Virginia Ninaquispe Gil, la misma que ingresó virtualmente dicho requerimiento a las 4:00 de la mañana de ayer, el cual consta de 344 folios ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de turno.

 

De acuerdo al escrito, Ninaquispe solicitó se dicte esta medida cautelar personal de (prisión preventiva) por la presunta comisión del delito de organización criminal, cohecho pasivo y otros en agravio del Estado.

 

Algo que sorprendió a muchos fue la decisión de la magistrada, quien presentó el pedido de prisión preventiva casi contra la totalidad de los implicados que 10 días atrás detuvo de manera preliminar mediante la orden de un juez. Más aún que, en las últimas horas, el Poder Judicial había resuelto levantarle la detención preliminar a 7 de los involucrados.

 

Aparte de Lozano Centurión figuran en la lista: María Rita Castro Grosso, Harry Arturo Gonzales Solano, Germán Pisfil Agapito, Wilfredo Castro Carmona, Walter Enrique Mondragón Vera, Leoncio Paucar Merino, Luis Alberto Díaz Bravo, José de la Rosa Barba Maique, Wilmer Vásquez Guerrero, José Jancarlo Huamán Vargas, José Reyser Chinguel Calle, Marco Antonio Carrillo Bustamante, William Eduardo Sime Castro, Alexandra Melli Criollo Ramírez, Osman Yangua Criollo y Alejandro Criollo Quispe.

 

Frente al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal contra el gobernador Anselmo Lozano; el vicegobernador, Luis Díaz y los demás implicados en la investigación por presunta corrupción, un grupo de consejeros pidió que se convoque a una nueva sesión para tomar acciones en torno a los nuevos acontecimientos.

 

La consejera Glender Núñez refirió que imagina una nueva sesión de consejo, el acuerdo anterior era mientras duraba la resolución de los 10 días. “Presuntamente seguirán reuniéndose solos, no nos han llamado, a pesar que pedimos unión y transparencia, sin abusos”.

 

Resaltó que su único interés es el beneficio de la región y que al señor Anselmo se le investigue, pero que la región no sea gobernada nuevamente por el partido de APP “que tanto daño nos ha hecho”.

 

Núñez es de la idea que se sortee los cargos, ya que todos los consejeros están preparados para asumir la gobernación o vicegobernación. “Lo ideal sería el sorteo y luego votemos por unanimidad, lo pido y exijo al pleno del consejo por transparencia”, puntualizó.

 

Por su parte, el consejero Manuel Huacchillo, comentó que en primer lugar el consejo tiene que replantear todo lo acordado, pues ha habido apresuramiento haciendo uso abusivo del poder y control político.

 

“Tiene que sesionar de manera urgente para poder evaluar los hechos (…) el lunes se debería tener claro el panorama y el consejo actuar de acuerdo a las circunstancias”. Añadió que ya estamos ante un tema legal que exige una respuesta pronta del colegiado regional, y no puede cometer el mismo error dos veces, “tuvo que haber esperado para no hacer el papelón”.

 

Lamentó que el gobierno regional esté acéfalo y en situación de ingobernabilidad en plena pandemia. Anotó que detrás de esto está el grupo apepista. “Es importante reunirse y tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias; hasta el momento el consejero delegado no nos comunica, pese a que vengo pidiendo evaluar la situación, es un momento de crisis, no deben primar intereses políticos”.

 

El consejero delegado, José Carmona, manifestó que es el que ve más fríamente las cosas sin alterarse ni apresurarse. “Hay que esperar a que se pronuncie en primer lugar el Poder Judicial; yo tengo claro que todos los que estamos acá fuimos elegidos para ser consejeros, al haber estos vacíos asumamos, pero luego de obtener las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones”. Remarcó que administrativamente se ha elegido en los cargos y están prestos a asumir pero legalmente, “no entrar por la puerta falsa, ni ventana falsa”. Aclaró que el acuerdo es mientras dure la situación del gobernador, vicegobernador y de todos los implicados, por lo que llamó a estar calmos a lo que manda la ley.

 

La consejera Mónica Toscanelli dijo que deben ser cautelosos, esperar con tranquilidad qué contesta el JNE; “es algo incierto, esperamos sea a la brevedad posible para tomar las acciones respectivas, no hay nadie a la cabeza y me preocupa más el sector Salud”.

 

 Horas después de conocerse dicho pedido, se confirmó que, el día hoy, a las 3:00 p.m. en audiencia virtual será ventilado el pedido de prisión preventiva en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), el mismo que está a cargo del juez, Carlos Chanamé Chumán.

Al cierre de esta edición trascendió la aparente incertidumbre que se habría instalado en el MP, tras informarse que, el caso sería conocido esta tarde por un juez provisional (Carlos Chanamé), despacho que se encuentra de turno en la fecha.

La trascendida intranquilidad de los persecutores del delito (fiscalía) radicaría en la existencia de una disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ) que ordenaría que los casos de corrupción de funcionarios solo lo deben conocer jueces titulares, tal como sucedió con la orden de detención preliminar, la cual fue atendida por el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Reynaldo Leonardo Carrillo.

Ante tal trascendido, La Industria trató de que este sea dilucidado por la máxima autoridad judicial en esta CSJL, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, a quien se le trasladó la consulta mediante la oficina de Imagen del PJ, pero hasta el cierre de esta nota de redacción no entregaron respuesta alguna.

La Industria trasladó la misma interrogante al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús, quien respondió escuetamente vía Whatsaap, “desconozco eso, porque esto le corresponde a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y también porque cada fiscal es autónomo en el ejercicio de sus funciones”.

Antes del cierre de esta edición, fuentes del PJ confiaron a La Industria que, el juez de hoy (Carlos Chanamé) resolvería este tema antes del inicio del audiencia; mientras que, fuentes del MP señalaron que la fiscal que sustentará el caso (Ninaquispe) observaría esta situación previo al inicio a la audiencia.

 

De acuerdo al requerimiento fiscal al cual tuvo acceso La Industria, los hechos objeto de investigación se basan entre otros, en “la presunta organización criminal instaurada en la Municipalidad Distrital de la Victoria (MDLV) y su expansión al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

Aquí el Ministerio Público (MP) reza que, en la Disposición Fiscal N°02 de fecha 14 de enero de 2021, (del cuaderno de colaboración eficaz), se evidencia hechos presuntamente ilícitos vinculados a los procesos de contrataciones de la MDLA (periodo 2015 - 2018) y del GRL.

“…se evidencia que en la MDLV entre el 2015 - 2018, se habría constituido una organización criminal destinada a cometer delitos de corrupción de funcionarios (cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias), organización liderada por el alcalde en ejercicio de ese entonces, Anselmo Lozano Centurión e integrada por sus cercanos colaboradores, funcionarios de la entidad municipal con capacidad de decisión administrativa vinculados a las contrataciones públicas”, se lee en el documento.

Aquí la fiscal Ninaquispe Gil señala haber identificado a: Harry Gonzáles Solano (DIDUR), Wilfredo Castro Carmona (Asesoría Legal), Dick Silva Ravines (jefe de división de Estudios y Proyectos), Walter Mondragón Vera (jefe de Abastecimiento), Germán Pisfil Agapito (jefe de la unidad de Contabilidad), Leoncio Paucar Merino (teniente alcalde, quien posteriormente se quedó como alcalde cuando Lozano postuló al GRL), Luis Alberto Díaz Bravo (regidor) y Rita Castro Grosso (gerente municipal).

“…esta última (Rita Castro) suscribía –en la mayoría de los casos– en representación del alcalde, los contratos con las empresas que obtuvieron la buena pro, siendo que la cercanía con los contratistas le permitió que su hijo, William Sime Castro, se vincule con la empresa AC&A Constructora EIRL. de Alejandro Criollo Quispe. Es así que mientras dicha empresa ejecutaba obras para la MDLA, el hijo de la gerente municipal prestaba servicios para dicha empresa”, dice el requerimiento.

Además, el MP suscribe que, “se evidencia que de forma coordinada y sistemática se habría implantado un modus operandi –patrón de actuación– en los procesos de contratación de obras públicas, en los que los funcionarios aceptaban y/o recibían, en otras ocasiones solicitaban dádivas a los postores (contratistas)”.

Asimismo, agrega, “la compra y venta de la función pública habría sido una constante en el tiempo. Es así que los contratistas entregaban dádivas económicas a efectos de obtener la buena pro de los procesos, o habiendo ganado los procesos, entregaban dádivas a efectos de continuar obteniendo la buena pro en dicho municipio. Para ello cada uno de los investigados dentro de su esfera funcional se repartieron y/o dividieron funciones específicas, no solo dentro de la estructura estatal, sino fuera de ella, para obtener ganancias ilícitas”.

Para la Fiscal Karín Ninaquispe también quedó evidenciado que, entre los años 2015 - 2018 de forma sistemática las empresas vinculadas a Salomón Caján Aguinaga, Salomón Santiago Caján Hernández (Hersaca Contratistas EIRL.), Walter Padilla Mera (Constructora y consultora Quetzal SAC) y Alejandro Criollo Quispe (AC&A Constructora EIRL.) obtuvieron la buena pro de obras en los procesos licitados por la MDLA.

“Para ello habrían entregado dádivas económicas a los funcionarios vinculados a los procesos de contratación, quienes compartían las ganancias ilícitas con el alcalde Anselmo Lozano, quien además habría recibido –directamente– dichas dádivas de parte del contratista Padilla Mera, conforme la sindicación del colaborador eficaz (CE) N°01-218-2020. Modus operandi que continuó en la administración municipal, no obstante Anselmo Lozano, había renunciado al cargo para postular al gobierno regional”, reza el requerimiento.

 

Ayer, por la tarde, horas después que se conociera el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, se conoció por parte de voceros oficiales con permiso de la familia de Anselmo Lozano, que la salud del gobernador regional estaría en estado grave.

De acuerdo a la información alcanzada a La Industria, la situación para el mandatario se habría complicado con una repentina hemorragia, por lo que los médicos que lo atienden hace más de 10 días en una clínica local tuvieron que de emergencia intervenirlo quirúrgicamente ayer, en lo que fue su tercera operación en la última semana.