Una tremenda incertidumbre y confusión jurídica parece existir por la titularidad de la gobernación regional de Lambayeque, cargo y función que hasta el cierre de esta edición técnicamente no tendría con claridad a alguien al mando.

 

Para tratar de entender este ‘trabalenguas jurídico’, La Industria conversó con los defensores legales de los dos principales protagonistas por el poder regional: Anselmo Lozano Centurión y Luis Díaz Bravo.

Como se sabe, el primero (gobernador electo), sigue con mandato de detención preliminar; mientras que el segundo (Díaz), la noche del último jueves logró que se le levante la orden de captura que pesaba sobre él.

 

A ambos, la Fiscalía los indaga por presuntos delitos de corrupción desde cuando fueron autoridades municipales en el distrito de La Victoria, cuya supuesta red criminal se habría extendido hasta el Gobierno Regional de Lambayeque, donde terminaron siendo gobernador y vicegobernador respectivamente.

 

Sobre el particular, Luis Martínez Coico, abogado de Lozano Centurión (apersonado a partir de ayer en su caso), afirmó que su patrocinado “no está impedido para seguir gobernando”.

 

El jurista invocó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual –dijo- es clara respecto a las causales para la suspensión del gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, “uno de estos es el mandato firme de detención o prisión preventiva”.

 

Al preguntarle a Martínez Coico ¿Anselmo Lozano le ha manifestado que él sigue siendo el gobernador?, respondió, “lo ha dicho el mismo juez. La procuradora pública regional del GRL le hizo la consulta (al juez), si podía firmar documentos urgentes y se lo concedió…hasta el día de hoy (ayer) puede seguir firmando sin problema alguno, pero una vez que asuma Díaz Bravo dejará de hacerlo, por el momento no hay ninguna ley que lo impida… él está muy delicado de salud y el médico le ha recomendado que no tenga contacto con la administración pública”, acotó.

 

La Industria también dialogó con el jurista, Tito Esteves Torres, quien logró poner en libertad a Luis Díaz Bravo. El hombre de leyes confirmó que, hasta ayer fue el abogado defensor del liberado vicegobernador regional.

 

Consultado sobre la polémica discusión, manifestó que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales contempla, que al haber quedado sin efecto la detención preliminar que pesaba sobre Díaz Bravo, “él desde hoy puede seguir ejerciendo como vicegobernador”, indicó.

 

Esteves Torres mencionó que, Luis Díaz Bravo tiene desde el jueves por la noche los oficios que deja sin efectos sus órdenes de captura a nivel nacional.

 

“Entonces, por el imperio de la ley, no necesitaría de ningún acuerdo del Consejo Regional de Lambayeque (CRL) para asumir la gobernación, porque la norma es clara al indicar que, en ausencia del titular, asume el vicegobernador”, refirió.

 

Por último, se le consultó sobre lo que dejó entrever el consejero regional, Antonio Sánchez Chacón, quien luego de retar al vicegobernador, Luis Díaz (a dar la cara en la sede regional tras el levantamiento de la orden de detención), insinuó que la Fiscalía aún podía pedir prisión preventiva para él.

 

“Sí existe esa posibilidad, por experiencia siempre le recomiendo a mis patrocinados esperar para saber si el Ministerio Público formaliza o no la investigación… veremos qué pasa en las próximas horas”, explicó.

 

Para lograr comprender las posturas de los abogados de parte, La Industria consultó con el jefe de la Oficina Regional de Integridad y secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, Elías Daniel Pinglo Risco.

 

El hombre de leyes sostuvo que, el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que, para efectos de suspensión de un gobernador, vicegobernador o consejero regional existe una doble instancia.

 

“Lo dice expresamente la ley. En este caso la primera instancia es el CRL, que ya acordó la suspensión, pero este acuerdo debe elevarse obligatoriamente como solicitud a la segunda instancia, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, subrayó.

 

Pinglo Risco agrega, que será el pleno del JNE el que evalúe, defina y emita un pronunciamiento, “el CRL debe comunicar al JNE su acuerdo de suspensión incluyendo todos los sustentos y jurisprudencias que consideren necesaria, con esto, el pleno del JNE emitirá un fallo en segunda instancia, lo cual es la ruta a seguir”.

 

Añadió, que técnicamente Anselmo Lozano no está suspendido, a pesar que, en primera instancia el CRL así lo hizo, pero el pleno del JNE aún no lo confirma porque no está enterado de manera oficial y por conducto regular de los hechos.

 

“Mientras no pase esto, el señor Anselmo Lozano sigue siendo el gobernador; mientras que el vicegobernador, Luis Díaz Bravo deberá asumir cuando tenga la credencial que le expida el JNE”, enfatizó.

 

 El asesor jurídico del gobierno regional, Víctor Díaz Burga, aclaró que el vicegobernador (Luis Díaz Bravo) pidió licencia solo por tres días 27, 28 y 29 de enero, por lo tanto, está habilitado y no tiene ningún impedimento laboral. Añadió que el Consejo debía aprobar esta licencia o no, de no hacerlo se procedería al descuento respectivo de sus haberes, pero ese es un tema netamente administrativo, mas no un impedimento.

Recordó también que el acuerdo de Consejo Regional designando gobernador y vicegobernador (Oscar Carpena y José Carmona), era solo hasta que dure la detención preliminar; por lo tanto, tiene efecto automático sin necesidad de nueva sesión. No obstante, indicó que no tiene en su despacho todavía el acuerdo en sí, ya que el Consejo Regional o secretario no lo ha remitido aún. “No sé si le habrán dado trámite, lo desconozco, oficialmente en mi despacho no lo tengo”.

Por su parte, el consejero delegado José Carmona, afirmó que los consejeros respetan las decisiones del Poder Judicial que es un organismo independiente. Al referirse al acuerdo de la sesión extraordinaria, aclaró que fue temporal; “tiene la opción libre de ingresar como autoridad elegida y nosotros en nuestro puesto de trabajo para el cual fuimos elegidos”, dijo al referirse al vicegobernador Luis Díaz.

Negó que la designación haya sido apresurada; “es algo que teníamos que hacer (…) Por mayoría se decidió la suspensión y por consiguiente tenía que darse la elección”. En cuanto a la situación administrativa del vicegobernador, dijo que el pleno no lo ha revisado aún.

 

 En cuanto al liberado gerente general, Germán Pisfil Agapito, el jefe de Asesoría Jurídica, Víctor Díaz Burga, señaló que dependerá del nuevo gobernador si continúa o no, ya que es un cargo de confianza.

“Esperemos hasta mañana (hoy), también podría haber un pedido de prisión preventiva, o podrían salir todos; es incierto, no se pueden tomar decisiones definitivas”, observó, recordando que hoy se cumplen los 10 días de la detención y no saben (hasta ayer) si la fiscal presentaría pedido de prisión preventiva. Si eso sucede se fijará la audiencia.

“Si nos convoca nos reuniremos los funcionarios, las decisiones las toma él; estamos en esa situación de esperar cuáles serían las decisiones finales”, dijo refiriéndose a Luis Díaz.