Caso caliente. Luego del revuelo causado porque el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, firmó el domingo por la noche seis resoluciones ejecutivas desde la clínica privada donde purga detención preliminar, la Fiscal del caso, Karín Ninaquispe Gil, se constituyó ayer hasta el centro hospitalario para indagar por esta y otras situaciones.

 

Tras la detención (por 10 días) del mandatario lambayecano, sindicado de liderar una presunta red criminal junto a otros 17 investigados (16 de ellos detenidos), entre los que figura el gerente regional del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Germán Pisfil Agapito y (el no habido) Luis Díaz Bravo, vicegobernador, la entidad regional hizo la consulta al Poder Judicial, si Lozano podía seguir firmando documentos oficiales y les respondieron que sí.

 

Ante la contestación afirmativa a la consulta, se expidieron 6 documentos con firma digital, pero fue la forma como el gobernador los rubricó lo que levantó una gran polémica, la misma que no pone en tela de juicio la legalidad de las resoluciones, sino las concesiones y deferencias dadas a un detenido.

 

Frente a este discutido escenario, ayer, la fiscal del caso, Karín Ninaquispe Gil, llegó hasta la clínica donde se haya internado desde el día de su detención (27 de enero), Anselmo Lozano, quien a su salida y tras las interrogantes de La Industria, abordó el tema.

 

La pregunta para la representante del Ministerio Público fue directa, ¿puede un detenido tener acceso a equipos y herramientas tecnológicas para firmar documentos?

 

“Tengo entendido que la procuradora pública regional solicitó al juez (del caso) para que pueda ella ingresar y el gobernador firme los documentos respectivos, ella ingreso en razón de que, el juez determinó que todavía puede firmar (Anselmo Lozano) alguna documentación. Eso ya escapa a la situación que ve mi despacho”, declaró a La Industria, Ninaquispe.

 

La representante del Ministerio Público reveló que también llegó hasta dicha clínica, donde igual está internada (por su estado de salud), pero en calidad de detenida, la exgerente de la Municipalidad Distrital de La Victoria y el GRL, María Rita Castro Grosso, “llegamos para ver cuál es la situación de salud de ambos investigados”.

 

“Estamos pidiendo formalmente a la clínica que nos informe el estado de salud, no solo del señor Anselmo Lozano, sino también de la señora María Castro Grosso a efecto de determinar cuál es realmente su estado de salud”, precisó.

 

Ninaquispe mencionó que, tanto Lozano y Castro ingresaron a la clínica por un cuadro de hipertensión arterial alta.

 

“Mas no hubo ninguna otra dolencia, en ese sentido hemos pedido información y estamos a la espera que, en 24 horas, nos remitan el diagnóstico así como el estado situacional de cada una de las dos personas”, aseveró.

 

 

Posiciones distintas expresan especialistas jurídicos respecto al habérsele permitido al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, con detención preliminar por diez días, firmar resoluciones regionales haciendo uso de equipos electrónicos.

El domingo 31, por la anoche, el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión, con detención preliminar por presuntamente liderar una supuesta organización criminal, logró firmar seis resoluciones ejecutivas regionales, desde la clínica privada donde permanece bajo custodia policial.

La, hasta ahora, autoridad regional, designó al nuevo gerente general regional y otros funcionarios, así como incorporó mayores ingresos vía créditos suplementarios por S/ 27 millones de soles.

Según se conoció, dichos trámites se habrían realizado bajo el consentimiento del Poder Judicial y Ministerio Público que dieron su autorización para que la autoridad regional pudiera firmar documentos oficiales.

La Industria buscó la opinión de especialistas jurídicos, teniendo en cuenta que para realizar dichas gestiones, Anselmo Lozano, en su condición de detenido, tuvo que hacer uso de laptop, internet, su DNI electrónico y una lectora de DNI electrónico.

El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ricardo Ponte Durango, dice que si el juez está disponiendo la intervención y el fiscal inicia la intervención, entonces desde el momento que se inicia la intervención hay un acta donde se indica qué documentos se están recogiendo y cuál es la situación jurídica de él.

“Y se le tiene que advertir que no tiene que firmar ningún documento. Desde el momento que está intervenido ya asume limitaciones. Porque desde el momento que hay una detención, no va a estar firmando documento”, precisa.

En ese sentido señala que un funcionario de ese nivel siempre tiene un reemplazo que debería hacer las veces de él. “El hecho que haya una situación un poco adversa en ese sentido, (…) hay otros funcionarios que lo puedan reemplazar”.

En cuanto a los equipos electrónicos que el gobernador utilizó para firmar las resoluciones ejecutivas regionales, Ponte Durango refiere que estos sí pueden ser intervenidos, en caso lo disponga el juez.

Para el abogado Percy Panta Burga, Anselmo Lozano se encuentra privado de su libertad, sin embargo, pese a esto, no ha sido suspendido en el ejercicio de su cargo. Es más, señala que, “la ley le prohíbe, en este caso a un juez, suspenderlo en los derechos como autoridad elegida con mandato popular”.

“Considero que si él ha firmado, en este caso la documentación no tendría causal de nulidad alguna. Porque él no ha sido privado en el ejercicio de sus derechos como autoridad”.

En ese sentido considera que sí es válido la firma de documentación, pero señala al mismo tiempo que lo que se tendría que investigar es cómo, si es una persona detenida, resguardada por la autoridad, se han violado las normas de seguridad al permitírsele el uso de equipos electrónicos.

“Mas bien si está detenido y ha violado las normas de seguridad de la policía, para ejercer funciones propias de su cargo, habría que investigar la violación de las medidas de seguridad. Eso no implica que lo que haya firmado sea inválido.