Los responsables del Órgano de Control Institucional (OCI) y la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo no facilitaron información vinculada a la gestión saliente del exalcalde Marcos Gasco Arrobas durante el proceso de transferencia municipal que se efectuó a finales de 2022.

 

En el caso del OCI, esta oficina no reveló el estado actualizado de 60 informes de control elaborados el año pasado.

 

El titular del equipo de transferencia de la gestión entrante, Luis Enrique Fernández Moncada, expuso en sesión extraordinaria de concejo sobre la renuencia de los funcionarios de ambas oficinas, lo que dificultó el proceso de transferencia.

 

“(El OCI) amparados en el tema de control gubernamental de la Contraloría también limitó información, y solamente otorgaron un link donde están todos los informes, que son alrededor de 60, y que elaboraron el año pasado, pero de los que no consta si han sido remediados o se les ha hecho seguimiento a las observaciones de todos aquellos aspectos que fueron encontrados en el ejercicio de la gestión (de Gasco). Falta hacer una revisión a posteriori para que se adopten las medidas de remediación”, señaló.

 

Cuestionó, del mismo modo, que una actitud similar hayan obtenido de los responsables de la procuraduría municipal, la cual –al igual que del OCI y de otras áreas municipales– fueron registradas en el acta de transferencia de gestión municipal.

 

“En la defensa judicial del Estado, a cargo de a Procuraduría, van a encontrar un enunciado en letras rojas. En el caso de la Procuraduría el acceso fue limitado, quienes fueron parte del equipo (de la gestión entrante, es decir de la actual gestión que lidera Janet Cubas) se acercaron pero no recibieron el trato ni la información porque, ellos (procuraduría) aducían que todos esos expedientes son reservados, por lo que no se tuvo acceso a todos los casos que tuvo la entidad hasta diciembre”, expresó.

 

En el marco de la Ley 31433, publicada el 6 de marzo de 2022, las autoridades regiones y municipales ya no realizan actos de designación o cese de procuradores públicos de sus entidades.

 

Vale precisar que en el caso de la Municipalidad de Chiclayo, el cargo de procurador público municipal es ostentado por el abogado Juan Miguel Huancas Muñoz, quien labora en la comuna desde abril de 2021, según resolución de Alcaldía N°0314-2021-MPCH.

 

En el caso de los jefes del órgano de control institucional (OCI), su designación está cargo de la Contraloría General de la República. El OCI de la municipalidad de Chiclayo está a cargo de Boris Enrique Oblitas Gastelo, desde julio de 2021, como consta en la resolución de Contraloría N°150-2021.