Corrupción no suelta a Lambayeque. Un operativo de casi 40 horas llevó a cabo ayer el Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, el cual logró la detención preliminar del gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión y 16 personas más sindicadas de pertenecer a una presunta organización criminal.

 

Dicho requerimiento hecho por la fiscal, Karín Virginia Ninaquispe Gil, contenido en la Carpeta Fiscal N° 218-2020 fue ejecutado con el ap-oyo de 25 fiscales y más de 100 efectivos policiales, el mismo que tuvo su punto de quiebre a las 4:00 de la madrugada cuando en forma simultánea detuvieron a 17 de las 21 personas para quienes se solicitó esta medida coercitiva, entre funcionarios y empresarios.

 

Otro punto delicado que contiene todo este escrito fiscal son los párrafos que describen el acta de deslacrado, visualización, escucha y transcripción de audio, de fecha 13 de enero del 2021, de la reunión sostenida entre Dick Silva y Anselmo Lozano (en el año 2017), donde este último le ordena la forma como se iba a distribuir las obras en la MDLV.

 

“Por lo que se infiere que Anselmo Lozano, como máxima autoridad administrativa de la MDLV y ahora del GRL, ha tenido (municipalidad) y mantiene decisión, manejo y control del GRL, más aun si sus principales colaboradores (funcionarios) del municipio, ahora ostentan cargos de dirección en el GRL.

 

Aunado a ello –dice el MP– se tiene de las actas de transcripción de audios, que el empresario Padilla Mera trataba directamente con Anselmo Lozano, “evidenciándose –además– un pacto de silencio entre ellos, es decir, los funcionarios involucrados negarían los hechos en caso de ser investigados, que Padilla Mera habría ido al GRL, y que la hija de Anselmo Lozano tendría información de la investigación en curso a través de terceras personas.

 

La Industria pudo entrevistar, a solas, a la fiscal a cargo de este megaoperativo, Karín Ninaquispe Gil, quien brindó varios detalles de esta investigación.

 

“El dinero no solo se le entregaba a Dick Silva, también a los del comité especial. Este dinero (de la coima) inicialmente era entregado por los contratistas a otros miembros del comité especial, quienes se encargaban de distribuir las dádivas entre los funcionarios”, comentó la fiscal.

 

Ninaquispe agrega que, este trabajo les ha llevado varios meses, sobre todo corroborar lo dicho por el colaborador eficaz.

 

Respecto al caso Dick Silva, implicado que aparece en varios episodios del requerimiento fiscal y sobre quien pesa orden de detención pero no aparece en la lista de los 17 detenidos del MP, Ninaquispe aseguró que este investigado es “parte de la estrategia, lo que no implica que se pida prisión preventiva. Él se ha allanado. Debe tenerse en cuenta que hay personas en calidad de investigadas”.

 

La magistrada explicó que ahora su despacho tendrá 10 días para recabar más pruebas y elementos de convicción, para posteriormente evaluar y determinar la situación jurídica de los detenidos, siendo las opciones solicitar prisión preventiva, darles libertad para ser investigados con comparecencia o alguna otra medida enmarcada en la norma.

 

“Durante las últimas semanas hemos trabajado, en mi despacho, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, porque debíamos preparar toda la documentación referente a 20 procesos de contratación, 17 vinculados a la MDLV y los otros 3 al GRL. Es abundante la información procesada, prácticamente mi despacho trabajó 12 horas al día últimamente”, acotó.

 

 De acuerdo al requerimiento fiscal al cual tuvo acceso La Industria, los hechos objeto de investigación (razones plausibles o elementos de convicción para sustentar el requerimiento de detención preliminar judicial), se basan entre otros, en “la presunta organización criminal instaurada en la Municipalidad Distrital de la Victoria (MDLV) y su expansión al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

Aquí el Ministerio Público (MP) reza que, en la Disposición Fiscal N°02 de fecha 14 de enero de 2021, (del cuaderno de colaboración eficaz), se evidencia hechos presuntamente ilícitos vinculados a los procesos de contrataciones de la MDLV (periodo 2015 - 2018) y del GRL.

“…se evidencia que en la MDLV entre el 2015 - 2018, se habría constituido una organización criminal destinada a cometer delitos de corrupción de funcionarios (cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias), organización liderada por el alcalde en ejercicio de ese entonces, Anselmo Lozano Centurión e integrada por sus cercanos colaboradores, funcionarios de la entidad municipal con capacidad de decisión administrativa vinculados a las contrataciones públicas”, se lee en el documento.

Aquí la fiscal Ninaquispe Gil señala haber identificado a: Harry Gonzáles Solano (DIDUR), Wilfredo Castro Carmona (Asesoría Legal), Dick Silva Ravines (jefe de división de Estudios y Proyectos), Walter Mondragón Vera (jefe de Abastecimiento), Germán Pisfil Agapito (jefe de la unidad de Contabilidad), Leoncio Paucar Merino (teniente alcalde, quien posteriormente se quedó como alcalde cuando Lozano postuló al GRL), Luis Alberto Díaz Bravo (regidor) y Rita Castro Grosso (gerente municipal).

“…esta última (Rita Castro) suscribía –en la mayoría de los casos– en representación del alcalde, los contratos con las empresas que obtuvieron la buena pro, siendo que la cercanía con los contratistas le permitió que su hijo, William Sime Castro, se vincule con la empresa AC&A Constructora EIRL. de Alejandro Criollo Quispe. Es así que mientras dicha empresa ejecutaba obras para la MDLV, el hijo de la gerente municipal prestaba servicios para dicha empresa”, dice el requerimiento.

Además, el MP suscribe que, “se evidencia que de forma coordinada y sistemática se habría implantado un modus operandi –patrón de actuación– en los procesos de contratación de obras públicas, en los que los funcionarios aceptaban y/o recibían, en otras ocasiones solicitaban dádivas a los postores (contratistas)”.

Asimismo, agrega, “la compra y venta de la función pública habría sido una constante en el tiempo. Es así que los contratistas entregaban dádivas económicas a efectos de obtener la buena pro de los procesos, o habiendo ganado los procesos, entregaban dádivas a efectos de continuar obteniendo la buena pro en dicho municipio. Para ello cada uno de los investigados dentro de su esfera funcional se repartieron y/o dividieron funciones específicas, no solo dentro de la estructura estatal, sino fuera de ella, para obtener ganancias ilícitas”.

Para la Fiscal Karín Ninaquispe también quedó evidenciado que, entre los años 2015 - 2018 de forma sistemática las empresas vinculadas a Salomón Caján Aguinaga, Salomón Santiago Caján Hernández (Hersaca Contratistas EIRL.), Walter Padilla Mera (Constructora y consultora Quetzal SAC) y Alejandro Criollo Quispe (AC&A Constructora EIRL.) obtuvieron la buena pro de obras en los procesos licitados por la MDLV.

“Para ello habrían entregado dádivas económicas a los funcionarios vinculados a los procesos de contratación, quienes compartían las ganancias ilícitas con el alcalde Anselmo Lozano, quien además habría recibido –directamente– dichas dádivas de parte del contratista Padilla Mera, conforme la sindicación del colaborador eficaz (CE) N°01-218-2020. Modus operandi que continuó en la administración municipal, no obstante Anselmo Lozano, había renunciado al cargo para postular al gobierno regional”, reza el requerimiento.

 

Fue el 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, quien mediante la Resolución número Uno del 25 de enero último emitió “las órdenes de captura a nivel nacional” para 18 implicados.

Entre estos figuran: Anselmo Lozano Centurión, María Rita Castro Grosso (exgerente municipal y exgerente general del GRL), William Eduardo Sime Castro (hijo de María Castro), Harry Arturo Gonzáles Solano (actual gerente regional de Infraestructura), Germán Písfil Agapito (actual gerente general del GRL).

Además de: Wilfredo Castro Carmona, Luis Alberto Díaz Bravo (actual vicegobernador regional y no habido para la justicia), Wilmer Vásquez Guerrero, José Jancarlo Huamán Vargas, José Reyser Chinguel, Marco Antonio Tarrillo Bustamante, Leoncio Paucar Merino (exalcalde de La Victoria).

Asimismo, Walter Vladimir Padilla Mera, Alexadra Melli Criollo Ramírez, Osman Yangua Criollo, Alejandro Criollo Quispe, Dick Carlo Silva Ravines y Walter Mondragón Vera.

 

El documento de la Fiscalía Anticorrupción también precisa que, la modalidad implantada en la MDLV “se habría mantenido en el tiempo, expandiéndose al Gobierno Regional de Lambayeque, con la toma de cargo de Anselmo Lozano, quien al asumir la gobernación, de inmediato designó a los funcionarios de la MDLV en cargos de confianza, estratégicos y de decisión”.

Agrega, “es así que se evidencia –de los elementos de convicción– que los funcionarios de la MDLV que estuvieron en el periodo de Anselmo Lozano Centurión, cuando este se desempeñó como alcalde de La Victoria han pasado a ocupar desde el año 2019 cargos estratégicos en distintas áreas del GRL…”.

El requerimiento también describe que, esta presunta organización criminal habría mantenido –la estructura administrativa de nivel micro estructura– a un nivel más alto –nivel macro estructura– por cuanto los funcionarios que ostentaron los principales cargos en la MDLV estarían desempeñándose en puestos administrativos de decisión en el Gobierno Regional, aparato de poder administrativo, a través del cual se estaría perpetrando actos de corrupción.

“Este aparato administrativo a través de sus principales representantes, entre ellos María Castro, habría estado colocando en determinados cargos a personas afines a los intereses de la presunta organización criminal. Es así que se habría contratado a Marco Tarrillo quien presta servicios desde el 2 de febrero de 2020 como consultor legal en contrataciones del Estado, quien además fue designado como miembro suplente de comité especial, dicha persona seria del círculo cercano de Alejandro Criollo (contratista de La Victoria) y William Sime, éste último habría influenciado (a su progenitora, María Castro)”, se lee.

El documento igual detalla que se contrató en el GRL a Dick Silva Ravines, quien prestó servicios en la MDLV en el último periodo de Anselmo Lozano, habiendo integrado diversos comités de selección de contrataciones de obras públicas, para luego ser contratado en el cargo de consultor, desde el 11 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2019, por disposición de Anselmo Lozano.

“Debe precisarse que se sindica que Silva Ravines habría sido una pieza importante dentro de la organización criminal en la MDLV, pues se habría encargado –en la mayoría de los procesos de contratación de obras públicas– de recibir las dádivas de los contratistas, repartirlas entre los demás funcionarios y hasta de entregar directamente dichas dádivas a Anselmo Lozano, conforme a la sindicación –mínimamente corroborada– del C.E. N°01-218-2020.