Un contundente Informe de Control Específico emitió el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh), el cual implica a 11 funcionarios y servidores de esta entidad con presunta responsabilidad penal, esto por la compra directa de un terreno para el nuevo cementerio realizada por estainstitución, la cual le ocasionó, según el informe, un perjuicio de un millón 001 mil 469, 14 soles.

 

Cabe precisar que, en abril de 2019, La Industria publicó por primera vez este caso que tenía ribetes de gruesas irregularidades, el cual fue acogido de oficio, en aquel entonces, por el OCI de la SBPCh, y posteriormente por la Fiscalía Anticorrupción.

 

A casi dos años de aquella primera entrega periodística, La Industria tuvo acceso al Informe de Control Específico N° 010-2020 “Adquisición de terreno para la construcción del cementerio, mediante contratación directa” elaborado por el OCI de la SBCh.

 

En este se lee, en el rubro objetivos: “determinar si la contratación directa para la adquisición del terreno en el distrito de Pimentel se realizó de conformidad a Ley de Contrataciones del Estado”.

En una segunda observación, el OCI se planteó como objetivo, “determinar si este terreno cumplió con las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios”.

Todo se remonta al 14 de julio de 2014, cuando una ciudadana italiana adquiere el terreno (materia de investigación) a 10 mil dólares, para luego donárselo a Massimiliano Mizzi, también italiano, quien el 25 de junio del 2018 a través de una minuta de compra y venta le hace la transacción a la SBCh por más de un millón de dólares, la cual firmó con la entonces gerente de la entidad benéfica, Martha Elizabeth Chávez Alarcón.

 

En dicho documento se detalla que el terreno se encuentra inscrito en Registros Públicos con un área de 29,792 metros cuadrados y otra área de 10 mil metros cuadrados. A pesar del tiempo transcurrido, la SBCh jamás circuló dicho predio, permitiendo que quede a merced de los invasores.

 

En el acápite, “Argumentos del hecho”, el OCI en su Informe de Control Específico menciona, “Funcionarios y servidores de la SBCh, sin mediar justificación técnica y legal, adquirieron a través de una contratación directa, un terreno (en el sector Las Pampas de Pimentel) para la construcción de un cementerio, vulnerando el correcto funcionamiento de la administración pública, pagando un precio en exceso de 288 mil 094,08 dólares americanos en perjuicio de la entidad”.

 

Líneas más abajo reza, “…se advierte que funcionarios y servidores de la entidad actuaron al margen de la normativa para facilitar la adquisición de manera directa, siendo que dicho terreno no cumple con las condiciones exigidas en el reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios vulnerando el correcto funcionamiento de la administración pública de la adquisición ascendente a un millón 193 mil 760 dólares americanos”.

 

El órgano de control señala que, de la comparación existente entre el precio pagado por la entidad y el valor comercial determinado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, “se advierte la existencia de una diferencia de 288 mil 094,08 dólares americanos equivalente a un millón 001 469, 14 soles”.

 

También resalta que, en sesión de directorio del 2 de octubre de 2017 se aprobó por unanimidad se forme la comisión para la ubicación del nuevo cementerio, la cual quedó conformada por los entonces: jefe de Administración, jefe de Abastecimiento, jefe de la división de Cementerios, jefe de Tesorería y Gerente de Ingeniería.

 

En este punto el OCI remarca que, el 13 de noviembre de 2017, la gerente de la SBCh (Martha Chávez) le pide a la presidenta del directorio (Rosario Verástegui) formar parte de la comisión en ausencia del jefe de Administración.

 

Asimismo se desprende de este informe que la SBCh manejó cinco propuestas de terrenos para su compra, pero la ganadora fue la presentada por Massimiliano Mizzi y Wina Margarita Isasi Berrospi.

 

Una fecha clave es el 26 de enero de 2018, día en que el gerente de Ingeniería de la SBCh (Farroñán Viera) informó que el terreno, ahora materia de la investigación fiscal, sí cumplía con los requisitos de ley para que funcione como cementerio.

 

Tras la evaluación de los hechos, el OCI concluye que las personas comprendidas son: María Rosario Verástegui León (presidenta del directorio), María Astrid Reynoso de Vargas (miembro del directorio- MD), María Rosa Vásquez Pérez (MD), Carlos Francisco Uriarte Núñez (MD), Franklin Marín Gonzáles Salazar (MD), Martha Elizabeth Chávez Alarcón (gerente), Juan José Farroñán Viera (gerente de ingeniería), José Manuel Niquén García (jefe de Abastecimiento), Martha Liliana Pita Mundaca (jefa Asesoría Legal), Felipe Alberto Llerena Gómez (miembro de la comisión de búsqueda del terreno), Elena Magdalena Barrueto Horna (miembro de búsqueda del terreno).

 

En esta última parte, el OCI “recomienda” disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de la SBCh.

 

Asimismo, “disponer el inicio de las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe”.

 

Este voluminoso informe de 81 folios fue elaborado y firmado por la exjefa del OCI de la SBCh, Kelly Giovanna Salazar Castañeda en calidad de supervisor de la comisión de control; además de María del Rosario Huamán Malca (jefa de la comisión de control); Willy Franz Valladolid Castro (abogado de la comisión de control) y Juan Manuel Pisfil Pisfil (especialista ingeniero civil).

 

Según se lee, este informe se le fue presentado a la actual jefa del OCI de la SBCh, Sandra Verónica Farro Macmillan, el 7 de diciembre de 2020, quien hizo “suyo” el mismo.