En los últimos días, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) ha estado en el ojo de la tormenta por el sonado caso de los bróker, tema que involucra a un hijo del actual gobernador regional, el cual ya investiga la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada.

 

Pero, en la interna de este importante órgano adscrito al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) aparentemente vendrían sucediendo anomalías en torno a sus procesos de compra y recepción de las mismas.

 

Así reza la Resolución Ejecutiva Regional N° 000357-2020, rubricada por el gobernador lambayecano, Anselmo Lozano Centurión, la misma que, en su Artículo Primero dice, “autorizar a la Procuradora Pública Regional del GRL el inicio de las acciones legales contra los servidores inmersos en la conclusión del Informe Nº 000001-2020 emitido por el Órgano de Control Interno (OCI) del PEOT, por la presunta presentación de documentación falsa”.

De acuerdo a la resolución ejecutiva regional, el 29 de enero de este año, el OCI del PEOT comunicó al gerente general (del PEOT), Leopoldo Fernández León, “que se ha identificado una situación adversa…vinculada al proceso de contratación de la Adjudicación Simplificada Nº 021-2019 - Adquisición de piedra de 6” a 10” de diámetro para llenado de gaviones para la obra Mejoramiento de las Obras de Protección del Pie de Talud del cerro Cortés – Huabal Alto”, se lee.

 

Renglones más adelante esta misma resolución detalla cómo se habrían consumado los aparentes hechos, los mismos que están contenidos en el Informe Nº 000001-2020 del 6 de octubre de 2020, suscrito por la Auditora del OCI del PEOT en el que concluye, “como resultado de la revisión y el análisis a la documentación del proceso de contratación…se ha advertido que tanto el Informe N° 001-2020 emitido por el señor Julio Edgardo Sandoval Arrunátegui, jefe de Almacén; el Informe N° 000010-2020 de 21 de enero de 2020, suscrito por el servidor, Juan Carlos Mío Briceño, residente de la citada obra, en los cuales se brindaba la conformidad de la prestación del contratista, y las Guías de Remisión… contienen información falsa”.

 

Tras lo descrito, en la resolución firmada por el gobernador regional, se deja entrever que, los citados informes elaborados por los servidores presuntamente habrían favorecido al contratista.

 

“Asimismo, se precisa que si bien los documentos señalados en el párrafo precedente fueron expedidos para simular la entrega del bien y de esta manera hacer efectivo el pago al contratista, aunque el mismo no se haya realizado en ese momento (...); no significa que el hecho de elaboración de documentos con información falsa no se haya cometido o quede sin efecto; dado que desde la generación de los mismos, sabiendo sus propios emisores la falsedad de su contenido, constituyen acciones suficientes para la configuración de la falsificación, independientemente de la materialización o no de sus efectos”, se lee.

 

Ante tan grave situación, La Industria buscó la versión del gerente del PEOT, Leopoldo Fernández, quien precisó con seguridad, “esa piedra sí se puso en obra… las investigaciones lo van a dilucidar”.

 

Al preguntarle ¿cómo toma el hecho denunciado?, el cual se sustenta en el informe del OCI que determina informes falsos por parte de dos de sus servidores, expresó, “en las investigaciones se conocerá lo que ha pasado, no podemos juzgar de frente”.

 

Fernández León reconoció haber conversado con estos dos trabajadores sobre dicha investigación, quienes le confesaron, “ese informe se hizo para que el dinero no se pierda, no se vaya, lo cual se va a dilucidar en las investigaciones, no me puedo adelantar en dar opiniones, no es bueno”.

 

Por último se le preguntó al funcionario, ¿considera grave que pase esto en su gerencia? y respondió, “claro, y se tomarán las acciones correspondientes en su debido momento, de eso ni hablar”, acotó.

 

Para conocer cuál es la situación de estas resoluciones a nivel de la Procuraduría Pública del GRL, La Industria conversó con la titular de esta oficina, Patricia Huamán Novoa, quien indicó que, el caso de los presuntos informes falsos ya fue remitido al Ministerio Público.

 

“El último 28 de diciembre se interpuso la denuncia (ante el Ministerio Público). A nosotros esta resolución ejecutiva regional se nos fue notificada el 28 de diciembre”, expresó.