La Contraloría observó una obra del Gobierno Regional de Lambayeque por no considerar en el expediente técnico un tramo ubicado en la margen derecha del río La Leche a pesar de estar en condición de vulnerable y crítica a la erosión y socavación y que podría poner en riesgo a viviendas y pobladores, en el distrito de Pacora.

 

En el informe de Control Simultáneo N° 043-2020-OCI/5343-SCC la Contraloría da cuenta de esta situación adversa hallada en la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra: “Creación del servicio de protección en ribera del río La Leche vulnerable ante el peligro en los sectores Las Juntas Baja, San Pedro de Sasape I, San Isidro y Señor de Luren distrito de Pacora”.

 

En este se señala que el tramo, ubicado en la margen derecha del mencionado río, al no haber sido considerado en el expediente técnico y de no protegerse podría afectar la estructura recién conformada (dique), así como, a las viviendas del sector Las Juntas, situación que pondría en riesgo la integridad de los moradores de la zona y los sectores aledaños.

 

La Contraloría indica que mediante informe técnico N° 01-2020-RCB/SO de 16 de octubre de 2020, el jefe de supervisión de obra, comunicó al representante legal del Consorcio Engineer J&A (consorcio supervisor) que “el Planteamiento Hidráulico de intervención del proyecto, requiere de una ampliación o mejoramiento, toda vez que no se está protegiendo un tramo curvo de la margen derecha aguas arriba del tramo a intervenir con protección de geobolsas, siendo una curva de cien metros…”.

 

Frente a esta situación, el Órgano de Control Institucional, el 10 de octubre de 2020, realiza una inspección técnica a la mencionada obra donde corrobora lo afirmado por el supervisor de obra, advirtiendo que de no protegerse el tramo en mención “podría generar el colapso del dique recién conformado y con ello inundaciones a las viviendas del sector Las Juntas…”.

 

La elaboración del expediente técnico de la obra estuvo a cargo del Consorcio Protección Sasape.

 

Asimismo, el ente de control en el informe refiere que “no se aplicó el cobro de penalidades por retraso en la ejecución de la prestación y otras penalidades establecidas en el contrato, por el importe de S/ 22 683,78; hecho que generaría un posible perjuicio económico a la entidad”.