Mediante Disposición N° Uno del 21 de diciembre último, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque ordenó promover investigación preliminar contra el gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, seis consejeros regionales y otros más por el presunto delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.

 

De acuerdo al documento rubricado por el fiscal responsable, Oswaldo Chancafe Grey, la denuncia de parte la interpuso Edivar Juan Carrasco Vásquez, presidente de la comunidad campesina Santa Catalina Muchik de Chongoyape.

 

En la disposición, a la cual tuvo acceso La Industria, se lee en la parte resolutiva que la investigación preliminar será por 120 días, además, contra los consejeros: Gisela Fernández Muro, Luis Barturén Pizarro, Nicolás Vallejos Celis, Antonio Sánchez Chacón, Mónica Toscanelli Rodríguez y Oscar Cárpena Recoba.

 

También están inmersos: Federico Tenorio Calderón, Carlos Ynga La Plata, Leopoldo Fernández León (gerente del PEOT), Luis Pita Chávez y contra los que resulten responsables.

 

Carrasco denuncia la afectación de un área natural protegida, la cual ha sufrido perjuicio patrimonial y ambiental como consecuencia de la aprobación del Acuerdo Regional N° 127 – 2010 de fecha 20 de agosto del 2010.

 

En dicho acuerdo, el consejo regional de aquella época (2010) declaró de interés regional el perfil técnico del “Plan de Desarrollo Hidráulico de la región Lambayeque” elaborado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

 

“…siendo que dicho proyecto se ubica en el área natural de Chaparrí, lo cual a raíz de su promoción ha generado la incursión de mafias de terrenos, invasores, tala de árboles y otros…los cuales ocasionan daño ambiental y patrimonial a esta comunidad campesina y al área de conservación privada Chaparrí”, reza el documento.

 

La Industria entrevistó al denunciante, Edivar Carrasco, quien explicó que, si bien el acuerdo regional data del 2010, fueron los consejeros regionales de la actual gestión quienes, el último 9 de diciembre aprobaron por mayoría autorizar al gobernador regional, para que proceda con la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional y de Determinación de Competencias y Responsabilidades para el trámite de la Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Proinversión y el gobierno regional.

 

“La comunidad es dueña de la reserva Chaparrí, según la norma en cuanto modificaciones de su territorio, en este caso la disminución de más de 500 hectáreas afectaría desapareciendo la reserva, porque le quitaría la categoría de reserva”, precisó el denunciante.

 

Carrasco detalló que además, afectaría la economía del agricultor chongoyapano “incluyendo a 15 mil pequeños agricultores, porque la captación de agua para alimentar a esta represa (La Montería) es del mismo río Chancay, el cual alimenta al reservorio Tinajones, el mismo que muchas veces no se llena, o cuando lo hace es con las justas, entonces ¿cómo pretenden llenar una represa más?”, expresó.

 

En aras de escuchar su versión, La Industria entrevistó al gobernador regional, Anselmo Lozano; quien manifestó que esto (acuerdo regional 2010) data desde la gestión del señor (Humberto) Acuña, “eso estuvo empolvado ahí, le dimos trámite y logramos que Proinversión vea una IPC, para que Dios mediante se pueda regar las pampas de Reque y generar muchos miles de puestos de trabajo”.

 

El mandatario lambayecano explicó que, el acuerdo del último 9 de diciembre, no significa “que ya se tomó posesión de la propiedad de esa comunidad”. Añadió que esto es un proyecto a cargo de unos empresarios hindúes, “si el proyecto es accesible va, sino, no va y punto”; asimismo indicó que la licencia deberá darla la comunidad, la cual, si es negada, también quedará ahí todo “porque nadie va a coger propiedad ajena”.

 

Enfatizó que, si los comuneros están de acuerdo con el justiprecio que debe pagarles el Estado, el proyecto iría, “no habrá perjuicio de ninguna naturaleza, no se está talando ni un árbol… es falso que se vaya a afectar a Chaparrí, porque la reserva está a la izquierda y La Montería está a la mano derecha, no coge lo que es Chaparrí”.

 

En otro momento, el gobernador dijo, “si los hermanos de esta comunidad no están de acuerdo, este proyecto quedará en stand by”, ante esto se le repreguntó, ¿o sea, La Montería, no iría? Y respondió, “si los hermanos de la comunidad no están de acuerdo, no va…”, acotó.