De manera sorpresiva, ayer por la mañana, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada intervino varias oficinas del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) con el propósito de levantar información relacionada a un proceso de contratación realizado por esta entidad, el mismo que podría estar ligado a un supuesto delito de tráfico de influencias.

 

La acción estuvo comandada por los fiscales, Juan Manuel Carrasco Millones y Chintiacrisa Gastulo Muro, asimismo participó de esta diligencia personal de la Contraloría, grupo que incautó importante documentación en las oficinas de Gerencia General, Administración y Logística de la sede regional.

 

Las acciones de ayer, según informó el fiscal Carrasco, se llevaron a cabo en el marco investigatorio del caso ‘Los corchines de la corrupción’, el mismo que mantiene recluido al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

 

El Ministerio Público (MP) informó que, el operativo se organizó tras obtener las declaraciones del exconsejero regional, Esar Aguilar Valdera, quien señaló que un familiar de una autoridad regional habría influenciado para que una empresa sea nombrada y proponga a las empresas de seguros de todas las entidades del gobierno regional de Lambayeque.

 

“Hemos hecho una intervención específicamente a los contratos de los seguros de todas las entidades del GRL… un exconsejero (Esar Aguilar Valdera, detenido el 12 de julio 2019 por el caso ‘Los corchines’) indicó que habría existido cierto direccionamiento para la contratación de los brókers (organiza la compra y venta de seguros a cambio de una comisión)”, refirió el magistrado.

 

Carrasco señaló que esta información la trabaja desde hace tiempo, por lo que ahora –dijo– necesitan corroborarla.

 

“Al parecer existió un bróker con carta de nombramiento, que era Gallardo Zamora y luego de una reunión con un hijo del gobernador regional se deja sin efecto este nombramiento y se contrata a otro bróker, que es la empresa Roma, finalmente esta empresa hace todo el contrato de referencia para la posterior contratación de las empresas de seguros, la cual ve los seguros para todas la entidades adscritas al GRL”, reveló el fiscal.

 

El representante del MP fue enfático al mencionar que, la información que su despacho maneja reza que, existiría una relación amical entre el hijo del gobernador con el propietario de la empresa que vendió los seguros, la misma que esperan corroborar con la documentación incautada ayer.

 

Añadió que, uno de los contratos celebrados fue con el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) por un millón de soles, “pero estamos viendo con otras entidades qué es lo que vamos hacer en adelante para verificar cuántas gerencias más del GRL contrataron”.

 

Al requerirle a Carrasco Millones nombres de los involucrados en esta investigación precisó que, por el momento solo indagan a los que resulten responsables hasta tener elementos de convicción graves y fundados que les permitan pedir una medida limitativa en su momento, o en todo caso derivar el caso a la Fiscalía que corresponde.

 

“Hasta el momento están inmersos tres funcionarios públicos y un particular (sería el hijo del gobernador)…esto formaba parte de la cuarta lista (caso ‘Los corchines’), pero debido a la pandemia no se pudo sacar adelante”, precisó el fiscal.

 

Fuentes del Ministerio Público confiaron a La Industria que, en esta lista de involucrados, cuyos nombres habrían sido revelados en las declaraciones del exconsejero regional, Esar Aguilar, figuraría, supuestamente, un consejero regional, así como una alta funcionaria de la gestión que dirige el gobernador, Anselmo Lozano Centurión.

 

Consultado al respecto de esta intervención fiscal en las oficinas de la sede que él dirige, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, indicó no tener nada que ver con esta investigación, porque sus funciones son otras, enfatizando que sus funcionarios que contrataron con los brókers deberán responder cuando la justicia los requiera.

 

Respecto a su hijo, involucrado en este caso, afirmó, “desconozco, es un hijo mayor de edad y las investigaciones decidirán si lo acusan, no puedo tampoco hablar bien o mal, ellos (sus hijos) no tienen ninguna injerencia en mi gestión”.

 

Por último deslindó categóricamente tener que ver con este delicado asunto, menos con algún acto de corrupción, “cero, ni una agua mineral”, acotó.