A fin de brindar protección, alimentación y educación, se requiere de más albergues y de presupuesto para niños en situación de abandono y explotación en Lambayeque, señala la gerente regional de Programas Sociales, Janet Núñez Mayanga.

 

Hace algunos días el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional y la Comisaría PNP de la Familia rescataron a 38 niños y niñas que eran explotados laboralmente en las calles de la provincia de Chiclayo.

 

Sin embargo, Janet Núñez Mayanga sostiene que no solo basta con el rescate y que la Fiscalía decida el futuro del menor, se necesita de más albergues para los pequeños a fin de protegerlos y que no regresen a las calles.

 

En la región Lambayeque hay 9 albergues, de los cuales 4 son del programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar y 5 son administrados por el sector privado.

 

La gerente regional de Programas Sociales indica que a nivel nacional se tendría que canalizar presupuesto para la implementación de más refugios destinados a atender a los niños de la calle. “No solo se trata de recibir a los niños, sino que cada uno debe tener un presupuesto para su alimentación, educación y demás gastos”.

 

Precisa que según el censo que maneja el Gobierno Regional son 400 mil niños en las tres provincias de la región Lambayeque, de los cuales, estima, el 20% están en la calle en situación de abandono, mendicidad o explotación laboral.

 

“Se debe implementar más albergues para coberturar a esta población, es urgente iniciar una política pública a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en este tema”, acota.

 

El programa nacional de “Educadores de niños de la calle” atiende a los menores que están en abandono, mendicidad o trabajo infantil. Se coordina con la policía para que intervenga, pero finalmente son los juzgados de familia los que determinan la situación del niño que vive en la calle para ser derivados a los albergues respectivos.

 

La funcionaria mencionó que, desde la Gerencia Regional de Programas Sociales, no se cuenta con presupuesto para atender a la población.

 

En la última intervención, se determinó que varios de los niños rescatados estaban con sus madres que son de nacionalidad venezolana, y que estas mismas son quienes los exponen al peligro. Es por ello que se coordina con una cooperación alemana para garantizarles apoyo.

 

“Se ha detectado a padres que sí trabajan, pero dan mal uso al dinero y luego viene la explotación laboral de sus niños”, comenta Janet Núñez.

 

Otra situación es que, tras la intervención de la policía, la Fiscalía interviene, pero llegan los padres y supuestamente se responsabilizan de sus niños, al cabo de un tiempo nuevamente los pequeños son explotados.

 

“Los padres mienten, los niños regresan a la calle y continúa el abandono. Falta mano dura para los padres de familia irresponsables”, expresa.