La Contraloría recomendó dar inicio a acciones administrativas y penales contra la exgerente regional de Salud, María Esther Collantes y siete personas más, entre funcionarios y servidores de la Gerencia Regional de Salud, debido a contrataciones irregulares de tres locadores de servicios. El ente de control señala que se contrató a una proveedora que se encontraba impedida de contratar con la Geresa, por tener parentesco de afinidad en segundo grado con la gerente.

 

El Informe de Control Posterior n.° 034-2020-2-5343 da cuenta de las irregularidades advertidas en la contratación de servicios no personales prestados por tres proveedoras, a fin de brindar apoyo administrativo en la oficina de la Gerencia Regional de Salud, apoyo administrativo en digitación en la Dirección de Salud Ambiental – Desa y apoyo administrativo en digitación en el Centro de Salud Villa Hermosa.

 

Según las conclusiones del servicio de control específico “se advirtió que, funcionarios y servidores de la Gerencia Regional de Salud, Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Logística y área de Adquisiciones que participaron de la contratación de servicios no personales de tres proveedoras, elaboraron Términos de Referencia que limitaron la participación de postores, y efectuaron la contratación de las citadas proveedoras sin cumplir el procedimiento establecido en la Directiva Nº 007-2017-GR.LAMB”.

 

Y es que, señala, el trámite se realizó con posterioridad a la prestación de los servicios, y que no se realizaron las invitaciones a cotizar, ni obtuvo la cantidad mínima de cotizaciones que cumplan con los TDR requeridos en la normativa regional, motivo por el cual tampoco elaboraron el cuadro comparativo.

 

Precisa que ello permitió “la contratación de una proveedora con TDR orientados hacia una profesión específica durante el primer semestre; además, de la contratación de una proveedora a la que se le incrementó el monto a pagar por el servicio, sin que se encuentre justificado los criterios de racionalidad y proporcionalidad, establecidos en la normativa regional”.

 

Asimismo, precisa el informe de control, “todas las proveedoras contratadas no se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) pese a ser una exigencia establecida en la normativa regional, por otro lado, se advirtió que se contrató a una proveedora que se encontraba impedida de contratar con la Gerencia Regional de Salud Lambayeque por tener parentesco de afinidad en segundo grado con la gerente”.

 

La Contraloría remitió el informe al gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, señalando algunas recomendaciones que deben ser implementadas para sancionar a los responsables de estas irregularidades. Entre estas se señala, disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque comprendidos en los hechos irregulares.

 

Asimismo, la Contraloría recomendó al Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque “dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico”.

 

Entre las personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas, se señala con responsabilidad administrativa y penal a: Eddy Marlon Sánchez Fernández, María Esther Collantes Santisteban, Delia Patricia Salazar Jiménez, Rober Perci Rojas Vera, Ammy Aracelly Arellano Flores, Julio César Ruiz Jara, Lorena Karina Jara Sáenz y Arnulfo Seclén Salgado.

 

El Informe de Control Posterior indica que entre las proveedoras contratadas de manera irregular se encuentran: Susan Katherine Gonzales Sialer (asistente para la Gerencia Regional de Salud Lambayeque); Elizabeth Rosana Sialer Campos (digitadora para la División Ejecutiva de Salud Ambiental) y Karina Cecilia Sialer Campos (digitadora para el Centro de Salud Villa Hermosa).