El último viernes se publicó el Decreto Supremo que permite la distribución del presupuesto a los gobiernos regionales para el pago de la deuda social de todos los sectores. En la región Lambayeque para Educación le corresponde S/ 14,912,114.00.

 

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos e Institutos Superiores, Ulises Díaz Ruiz señaló que este presupuesto ha sido destinado solo para atender a los docentes de 69 años a más, sin tomar en cuenta a los trabajadores administrativos de Educación, lo que revela la errónea distribución de pagos de sentencias judiciales.

 

Explicó que, en la región, se tiene que separar la deuda de los administrativos con la de los docentes y especificar qué tipo de deudas tienen cada trabajador del Estado. El dirigente precisó que hay dos tipos de deuda social, una por sentencia judicial y la otra por cuestiones administrativas, por ejemplo, al fallecer un familiar la ley otorga un beneficio.

 

Precisó que la deuda administrativa se paga con los saldos presupuestales, pero en el caso del Gobierno Regional de Lambayeque se deriva todos los saldos, para pagar deudas con sentencia.

 

Por su parte, el secretario regional de Defensa del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, Carlos Ríos Barreto refirió que en la región Lambayeque la deuda social de docentes va entre 200 a 300 millones de soles.

 

Con los más de 14 millones de soles que ha recibido el Gobierno Regional se pagará deudas de los docentes jubilados y cesantes (mayores de 69 años de edad), cuando la mayoría de profesores es de 50 a 65 años de edad.

 

Se busca que con los saldos presupuestales del presente año se pueda pagar a los docentes activos. Sobre los saldos todavía se conocerá el próximo mes, y podrían ser utilizados para el pago de los docentes hasta el mes de diciembre.

 

Además, el Sutep ha solicitado que el 5 % del Presupuesto Institucional de Apertura del 2021 se destine para el pago de deuda social, atendiendo a los profesores activos de 50 a 65 años de edad.

 

A nivel regional, se estima que son 12 mil docentes quienes buscan el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.