El pasado 10 de setiembre la Sociedad de Beneficencia firmó un convenio con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), para la creación de un albergue destinado a las personas en estado de abandono y con trastornos mentales.

 

Días después, se conoce que el Directorio no aprobó dicho convenio, tal como lo indica el documento firmado por uno de los miembros, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, César Samamé Cornejo.

 

“El día 10 de setiembre tomé conocimiento de la suscripción del convenio entre la Beneficencia, MPCh y Geresa, dicho acto administrativo no fue aprobado por el Directorio, el cual integro, por lo que no tendría validez”, precisó.

 

“Esa firma de convenio no fue autorizada por el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, ya que faltaba precisiones legales, vulnerando el Art. 7.c del DL 1411”, agregó.

 

El Directorio es el órgano de mayor nivel en la Sociedad de Beneficencia y entre sus funciones figuran aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles.

 

“Es mi responsabilidad pronunciarme sobre el asunto planteado y rechazo el convenio suscrito por su persona por cuestiones de forma técnica”, se lee en los primeros párrafos del documento dirigido al presidente de la Sociedad de Beneficencia, Juan José Salazar García.

 

Samamé Cornejo señaló que en las sesiones de Directorio aprobaron “manifestar la voluntad de ceder en uso el inmueble ubicado en la calle Los Laureles n.° 109 urbanización Los Libertadores para fines del proyecto, esperando que se haga llegar el proyecto y convenio respectivo”.

 

El día 2 de setiembre, en Directorio se presentó la norma técnica de salud de hogares protegidos.

 

“Nunca se adjuntó ninguna propuesta de convenio alguno por lo que, como Directorio no se tomó ninguna decisión. Luego, horas antes de una sesión se compartió vía WhatsApp una propuesta de convenio remitida por la Geresa, pero se acordó que pasaría por Asesoría Legal para su opinión técnica”, expresó.

 

El miembro del directorio, lamentó que el convenio no tenga valor legal y pone en peligro la finalidad pública del servicio a favor de las personas con discapacidad en situación de indigencia y abandono.

“Lamentablemente las ambiciones y arribismos políticos nuevamente afectan a Chiclayo”, refirió.

 

No obstante, dijo que desde el Directorio existe el compromiso que en el breve plazo se debe dar solución al tema.