El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), demandó a los padres de familias y escolares a rechazar la “privatización” de los colegios públicos, para defender la gratuidad de la educación en el país, garantizada en la Carta Magna.

 

Las nuevas disposiciones del Gobierno están en la Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEDU, la cual aprueba la norma técnica denominada “Disposiciones que regulan y orientan los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro”.

 

Según el análisis de la dirigencia del Sutep, las primeras instituciones educativas de la provincia de Chiclayo que serían “privatizadas figuran las denominadas emblemáticas como el San José, Elvira García y García, Nicolás La Torre y el Karl Weiss.

 

La secretaria provincial del Sutep base Chiclayo, Rosa Horna Saavedra, manifestó que en un proceso de privatización siempre se recurrirá a las instituciones que cuentan con una mejor y moderna infraestructura, por lo que peligra la permanencia de los escolares en las grandes unidades escolares públicas.

 

“El Ministerio de Educación pretende trasladar la gestión de los colegios públicos a entidades privadas sin fines de lucro, lo que generará costos a los padres de familia. Con esta acción también se busca evitar destinar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno, para la educación de los niños, niñas y jóvenes”, precisó la dirigente sindical.

 

Ayer se reunieron los representantes de las bases de la macro región norte del Sutep y en los próximos días será con la macro región sur. La convocatoria también es para los padres de familia y alumnos; la finalidad es que el Gobierno retroceda en la decisión y deje sin efecto la cuestionada resolución ministerial.

 

“El gobierno está valiéndose que no podemos realizar manifestaciones públicas, pero en estas reuniones vamos a decidir qué realizaremos”, advirtió Rosa Horna.

 

El Sutep precisó que continuará con las actividades de lucha para defender la gratuidad de la educación pública y no permitir que el gobierno se desvincule de su responsabilidad constitucional con la educación pública.