En todas las municipalidades se hallaron situaciones adversas durante las acciones de control simultáneo realizadas por la Contraloría General de la República en el marco de la emergencia sanitaria covid-19. Mientras tanto, solo el 50% de estas instituciones que fueron notificadas frente a las situaciones de riesgo, cumplieron con presentar sus planes de acción, para levantar las observaciones advertidas.

 

El universo de las municipalidades distritales y provinciales han sido sujetas de un control simultáneo (control concurrente, orientación de oficio y visita de control), durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, habiéndose emitido un total de 184 informes.

 

Según el gerente regional de control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquen, en la totalidad de estos informes, se advierten situaciones adversas, es decir, hechos de riesgo que pueden afectar o viene afectando la continuidad del resultado del logro de los objetivos de un proceso que está en marcha.

 

“Todos los informes de control concurrente, de visita o de orientación contienen situaciones adversas. Osea, en el universo (municipalidades) se ha comunicado situaciones adversas, en el cien por ciento”, señala Tello Benzaquen.

 

Al detectarse las situaciones adversas, las entidades están obligadas a presentar, en un plazo de diez días, sus planes de acción a fin de establecer las medidas que van a implementar para mitigar los riesgos, y para ello tienen tres meses para hacerlo; sin embargo, su nivel de cumplimiento, ha sido de un 50 por ciento.

 

Por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde el Órgano de Control Institucional (OCI) realiza el seguimiento a los distritos de su ámbito, donde se han desarrollado los servicios de control, se han recibido, a la fecha, 28 planes de acción de sus municipalidades distritales.

 

En el caso de la provincial de Lambayeque esta ha recibido siete planes de acción de diversos servicios de control simultáneo de sus distritos y Ferreñafe solo tres planes de acción, indica Tomás Tello.

 

Mientras tanto los Órganos de Control Interno (OCI) de José Leonardo Ortiz han recibido 5 planes de acción, La Victoria 4, Motupe 11 y Olmos 3. Estos planes de acción están referidos a situaciones adversas halladas en las acciones de control simultáneo realizadas en compra de productos y entrega de canastas de víveres, implementación de medidas de seguridad contra el covid-19 en mercados y comedores populares.

 

El gerente regional de control de Lambayeque señala que serán los OCI los que evalúen el nivel de cumplimiento para implementar las medidas de acción a fin de mitigar las situaciones adversas halladas en los controles.

 

“Si la situación deviene en cosas mayores y el hecho que se haya advertido oportunamente para que corrija, más adelante en un servicio de control posterior podría convertirse en un agravante, porque ya fue advertido y se le hizo ver la situación”.

 

El control simultáneo realizado por la Contraloría también se extendió a las comisarías (28), Gobierno regional (ejecutoras de Salud), INPE (penal Chiclayo), donde igualmente se detectó situaciones adversas en la totalidad de las acciones de control simultáneo; sin embargo, su nivel de cumplimiento respecto a los planes de acción es menor al de los municipios.

 

Durante las acciones de control en el marco de la emergencia sanitaria covid-19 las irregularidades más concurrentes estuvieron referidas al desorden hallado en los padrones de beneficiarios de las canastas de víveres, donde se entregó los productos a personas que no estaban en la condición de vulnerable.

 

“Justamente las comisiones de control advirtieron que había un desorden total. Al no existir información en los sistemas que maneja el Gobierno tuvieron que salir al campo a través de brigadas y realizar el empadronamiento, pero no todas las municipalidades lo hicieron y eso ha traído problemas más adelante y denuncias”.

 

En la adquisición de víveres también se detectó un hecho recurrente, fue en el caso de las conservas de pescado, ya que se halló que el producto se encontraba vencido y no apto para el consumo humano, también que habían sido producidas por fábricas que no tenían las autorizaciones respectivas o registro sanitario.

 

En cuanto a la Municipalidad Distrital de Olmos, se halló compras a precios superiores respecto a las cotizaciones que contaba la municipalidad. “Había precios más competitivos y la municipalidad optó por un precio superior”.