La Contraloría reveló que la Municipalidad Distrital de Íllimo incluyó a cinco funcionarios, que no tendrían condición de vulnerables, como beneficiarios de las canastas básicas familiares. La comuna deberá identificar a funcionarios responsables de incluirlos en la lista.

 

En el informe de visita de control Nº 6219-2020-CG/SADEN-SVC, la Contraloría señala que de la revisión efectuada al hito de control referido al listado de beneficiarios de las Canastas Básicas Familiares, en la Municipalidad Distrital de Íllimo, se ha identificado una situación adversa.

 

Se indica que la municipalidad no habría realizado una correcta identificación y priorización de los beneficiarios de las canastas básicas familiares, al incluir a cinco (5) funcionarios y/ o servidores públicos que no son trabajadores independientes y que además no tendrían condición de vulnerable.

 

“Toda vez que superarían la línea de pobreza determinada por el INEI; afectando la atención de las necesidades básicas de alimentación a favor de la población en situación de vulnerabilidad, así como, el correcto uso y destino de los recursos públicos”.

 

En ese sentido, señala que el Instituto Nacional de Estadística e Informática considera que los hogares vulnerables debían ser aquellos que no pudieran cubrir el costo promedio mensual de la Canasta Básica de Consumo (alimentos y no alimentos), que para el año 2019 estaba valorizada en S/ 352,00 mensuales por persona. Por tanto, tomando como referencia un hogar de cuatro (4) miembros, se considera vulnerable si sus ingresos mensuales son inferiores al costo de la Canasta Básica de Consumo para una familia que es de S/ 1 408,00.

 

La municipalidad distrital de Íllimo recibió un total de S/ 100 000 para la adquisición de productos para la entrega de canastas básicas familiares, que según señala la entidad, se habría repartido a un total de dos mil (2 000) beneficiarios, entre ellos a cinco funcionarios y/ o servidores públicos que no tienen condición de vulnerables y que en abril percibieron ingresos mayores a S/ 1 408 00 del Gobierno nacional y Regional.

 

La Contraloría detalla que entre aquellos que recibieron este beneficio se encuentran Yessica Elizabeth Acosta Sandoval, Elvis Quiroz Barbadillo, Deysi Elena Acosta Baldera, Elida Inoñan Sánchez y Ana María Llontop Bances.

 

Frente a esta situación, el ente de control da a conocer que “corresponderá que la municipalidad adopte las acciones necesarias para la identificación y determinación de las responsabilidades penales a que hubiere lugar”.