La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de La Victoria dio conformidad a los productos de la canasta básica familiar por la Emergencia Sanitaria 2020, antes de haberlos recibido. Asimismo, se dio cuenta que el arroz fue recibido sin tener información del número de lote y fecha de vencimiento.

En el Informe de Control Simultáneo, la Contraloría señala que la municipalidad no cumplió con regularizar la documentación de la contratación directa ni con el registro y publicación en el SEACE, dentro del plazo máximo establecido por la normativa de contrataciones.

“Afectando el logro de los objetivos del proceso de adquisición y distribución de canastas básicas familiares en el marco del D.U. Nro. 033-2020; y el principio de transparencia y publicidad que deben regir a las contrataciones del estado”.

Asimismo, la Contraloría da cuenta que “la municipalidad - antes de la entrega de los productos- pagó por adelantado sin haber establecido en la orden de compra y bases de la contratación directa el otorgamiento previo de una garantía que salvaguarde la ejecución de la prestación pactada, en caso de incumplimiento del proveedor”

Pero no solo eso, también se señala que la municipalidad no estableció una fecha concreta para la entrega de los productos adquiridos por contratación directa, que garantice la oportuna recepción y distribución de la canasta básica familiar a la población vulnerable; situación que además limitaría la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento del proveedor.

Una de las situaciones adversas, también relevantes de este informe, señala “el área usuaria emitió la conformidad de los productos que conforman la canasta básica familiar, antes de que fueran recibidos, sin haber verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y sin participar posteriormente de la recepción”.

Finalmente, también se revela, que el producto arroz -que fue pagado por anticipado- fue recibido sin tener información del número de lote y fecha de vencimiento; lo que conllevaría al riesgo de recibir de productos que difieren de las especificaciones establecidas, y que por ende podrían afectar a los beneficiarios”.