La Defensoría del Pueblo recordó a las municipalidades del país que están impedidas de cerrar sus límites territoriales en la medida que vulnera derechos fundamentales como el libre tránsito. Pronunciamiento se origina al haber tomado conocimiento que algunas  municipalidades distritales de la región Lambayeque, han decidido impedir el paso a personas que provienen de otras localidades.

“Las municipalidades han actuado contraviniendo las normas nacionales y derechos fundamentales de la población, motivo por el cual se ha solicitado a los alcaldes de estos distritos y a los consejos municipales derogarlas o modificarlas por ser incompatible con el marco constitucional”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo.

La medida, que se viene aplicando desde el pasado 6 abril, desconoce que “respecto al cierre de límites municipales, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM estableció el aislamiento social obligatorio que restringe el derecho a la libertad de tránsito de las personas, por lo tanto, dicha medida ya está regulada considerando que no es posible el desplazamiento de personas por la vía pública ni bajo la modalidad del traslado interprovincial.

Hidalgo Reyes, exhortó a los alcaldes de los 38 municipios distritales y provinciales de la región Lambayeque a que actúen dentro del marco constitucional y cumplir con las normas nacionales emitidas por el gobierno sobre la lucha contra el Covid-19, asimismo se les solicita abstenerse de cerrar los límites de sus distritos ya que no tienen competencia para ello.

Se recuerda a los municipios que deben centrar sus esfuerzos en promover el cumplimiento del aislamiento social y el control del comercio en los mercados de abastos en sus jurisdicciones para así proteger a la población y contener la propagación del virus Covid-19. Como se recuerda el horario de inmovilización social obligatoria en Lambayeque rige desde las 16:00 horas hasta las 4:00 am.

La Defensoría del Pueblo está supervisando las acciones de los gobiernos locales para estén en consonancia de las normas nacionales en la  lucha contra el Covid-19  y, en los casos de incumplimiento, se está procediendo a dar cuenta al Ministerio Público, Contraloría General de la República, Policía Nacional del Perú (PNP) y Prefectura a fin de proteger los derechos de la comunidad.