El gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, insistió en que mantendrá un diálogo con los comuneros de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, para solucionar la oposición que hay frente a la construcción de la represa La Montería. Dijo que está dispuesto a reunirse con ellos el día y lugar que propongan.
Pero no solo eso, la falta de diálogo del Ejecutivo nacional y del regional, es también uno de los motivos para negarse a aceptar que un importante proyecto que pretende incorporar a la frontera agrícola unas 33,200 hectáreas, con una inversión de 600 millones de dólares, se ejecute.
Frente a ello, el gobernador regional Anselmo Lozano insiste en que sí está dispuesto a dialogar con los comuneros, es más, dejó entrever que será bajo las condiciones que ellos propongan.
“He ordenado a través del PEOT (Proyecto Especial Olmos Tinajones) que necesito tener una coordinación con los hermanos y directivos de esa comunidad. Voy a coordinar, para ver qué día (puede hacerse la reunión). Además, yo no voy a proponer el día, que los propongan ellos. El día que tengan disponibilidad los hermanos de esa zona”.
Consultado si se estaba demorando en mantener el diálogo con la comunidad campesina, la autoridad regional dijo que “el problema está en que deberemos esperar el momento adecuado para conversar con ellos”.
“Con el respeto que se merecen los hermanos de la comunidad, aquí no va haber atropellos contra ellos. Posiblemente piensan que va a suceder lo de Olmos, donde los ignoraron. La parte social (les favorece). Ellos son propietarios (de esa zona) y se tiene que respetar”, indicó Lozano Centurión.
Finalmente manifestó que confía que los comuneros de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape otorgarán la licencia social para ejecutar la represa La Montería.
CONTROL INTERNO
Anselmo Lozano, quien ayer participó en la sesión de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque, dijo que se requiere un mayor control de las obras estatales, debido a que muchas de estas a nivel nacional se encuentran en arbitrajes, a consecuencia que los expedientes técnicos están mal elaborados y se pierde mucho dinero del Estado.