En cumplimiento al proceso de formalización que se amplió en el 2017, durante el presente año se efectuaron las visitas de inspección a 171 mineras inscritas, habiendo concluido con 145 verificaciones. La calificación deberá hacerla próximamente el sector Energía y Minas en Lima.

 

Así lo informó el gerente regional de Energía y Minas, Jony Villalobos Cabrera, quien refirió que en su sector se manejan dos aspectos: la artesanal y la pequeña minería, básicamente en el tema de agregados de construcción. Además, las mineras deben seguir el proceso ordinario y el proceso de formalización.

 

En el proceso ordinario, quien quiere explotar un recurso mineral debe solicitar la concesión; una vez que se le otorga, debe presentar documento ambiental, permiso del propietario del terreno, certificado de licencia de restos arqueológicos y plan de minado.

 

En el proceso de formalización que salió en el año 2012, como había tantos mineros sin permiso, el Gobierno sacó un registro de saneamiento, algunos se inscribieron y otros esperaron que se abra nuevamente.

 

En el 2017 se apertura vía SUNAT y sale el famoso Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Si no se habían inscrito en el 2012 podían hacerlo; muchos se inscribieron, pero el requisito era tener cinco años de vigencia y algunos se inscribieron sin cumplir los requisitos.

 

Villalobos Cabrera indicó que el Ministerio de Energía y Minas en el 2018 empezó las visitas de verificación para ver si estos mineros cumplían con el requisito. En julio de este año delegaron hacer las visitas técnicas. De los 171 mineros en formalización, realizaron un promedio de 140 a 145 visitas.

 

Aún falta emitir los informes técnicos y enviarlos al Ministerio de Energía y Minas para que vean quienes deben ser excluidos del listado por no cumplir la antigüedad de cinco años. Todavía se vienen elaborando estos informes. Sin embargo, en noviembre salió una ley que volverá a abrir el registro, cuyo reglamento debe emitirse en estos días.

 

“No estoy de acuerdo porque es, básicamente, dar más facilidades a aquellos que en su oportunidad no se inscribieron y tal vez algunos ‘vivos’ se van a inscribir”, enfatizó el funcionario regional, quien subrayó que esto se convierte en un tema de nunca acabar.

 

Estas mineras están ubicadas en las canteras de Pátapo, Mesones Muro, Zaña y Olmos. Actualmente están en actividad y no necesitan el permiso de la comunidad, porque tienen plazo hasta el 2020 para que se formalicen, precisamente por la nueva ampliación.

 

Villalobos Cabrera manifestó que deben cumplir con el LMP (Límites Máximos Permisibles) y ECA (Estándares de Calidad Ambiental), pero la gran mayoría está a la espera de la nueva ampliación y no puede hacerse nada al respecto.

 

“Ojalá el reglamento ponga requisitos más exigentes, como que los excluidos no deben volver a presentarse”, enfatizó. Este año se excluyeron a dos mineras por no tener los cinco años de funcionamiento.

 

El rubro de minería ilegal lo maneja la Fiscalía y Policía Nacional, no obstante, no están contabilizadas estas mineras, pero son, básicamente, agregados de construcción.

 

Para ello se formó en julio la Mesa Contra la Minería Ilegal, conformada por Ministerio Público, Policía Nacional, Dirección Desconcentrada de Cultura, Sernanp, Serfor, ALA, Gerencia de Recursos Naturales y Gerencia de Energía y Minas.

 

Se han efectuado cuatro intervenciones en el año y las mineras fueron denunciadas. Una de ellas en San José por afectar patrimonio, y las otras tres, por extracción ilícita de minerales.

 

El gerente de Energía recalcó que la gran minería no la maneja su sector, pero ninguna está haciendo actividad.

 

“Ninguna empresa minera grande se ha atrevido a iniciar actividades por los problemas sociales en Tía María, que ha afectado a todo el país; las empresas han tomado la decisión de quedarse en ‘stand by’”, sostuvo.

 

Sobre Cañariaco, Villalobos Cabrera expuso que involucra a la comunidad campesina de San Juan Bautista de Cañaris. Se trataba de un proyecto de cobre como fuerte, aunque es polimetálico, con extracción de plata y zinc.

 

Además, frente a Cañariaco también estaba Santa Elisa, en los sectores Señor de la Humildad, Totoras, entre otros.

 

El funcionario lamentó que por problemas sociales estén paralizadas, porque es perjudicial para el Estado, la misma comunidad, entidades públicas y empresas privadas; ya que necesitan insumos, movilidad, alimentación y genera movimiento económico en la zona.

 

En Cañariaco se dio el problema de la licencia social, ya que bajo la Ley General de Comunidades Campesinas debieron otorgarle el permiso. Al parecer, solo estuvieron presentes 500 comuneros en la asamblea, cuando serían algo de dos mil.

 

La Subdirección General de Minería le otorgó el permiso, pero luego vino el conflicto social.

 

De otro lado, el gerente de Energía y Minas resaltó la reciente aprobación del proyecto de instalación de electrificación rural en los distritos de Incahuasi, Cañaris, Salas y Chóchope, cuyo costo referencial de la obra es de cuatro millones 328 mil 247 soles y beneficiaría a 1850 viviendas.

 

Tres meses deben tardar los estudios definitivos, valorizados en 118 mil soles; después se verá el financiamiento para su ejecución.