Para hallar solución a los cinco conflictos sociales que se registran en igual número de distritos de la región Lambayeque, urge establecer el diálogo entre el Estado, las autoridades locales y los propios actores, plantean especialistas. Piden que el gobernador regional lidere diálogo en caso de azucareras, aunque también se propone que los propios socios-trabajadores pongan fin a sus discrepancias internas.

 

Recientemente el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, marcó la presencia de conflictos sociales en cinco distritos de la región Lambayeque. Entre estos señaló los casos que se vienen presentando en Pucalá, Tumán y Pomalca (excooperativas azucareras), por las diferencias existentes por la disputa de las administraciones judiciales. En tanto, los otros dos conflictos sociales están relacionados al distrito de Cañaris, donde la población reclama por la actividad minera. Y en Olmos, por la construcción de la nueva ciudad.

 

Para el antropólogo Pedro Alva Mariñas, el caso de Olmos, donde la población ahora se opone a la construcción de la nueva ciudad, pasa por “una problemática acumulada de años, donde cualquier situación que pueda generarse o en todo caso un líder que quiera levantar una reivindicación, va a seguir haciendo problemas y levantar a la gente”.

 

Señala que en esta zona la población no encuentra solución a sus demandas, que inicialmente estaban relacionadas a las oportunidades en el Proyecto Especial Olmos, con el despojo de tierras de los agricultores, luego con la nueva ciudad. “No dialoga sobre los problemas fundamentales”.

 

Y el Estado no llega a todos sino que lo hace de manera sectorial, precisa, abandonando los problemas globales de esta comunidad. “Yo creo que se necesita un espacio de diálogo, entre el Estado y las autoridades locales y los actores”.

 

En el caso del sector azucarero señala que han fallado las administraciones judiciales, ya que nadie cree en ellas, “sin embargo una administración le sucede a otra y cada una es peor o igual que anterior. Y se van las energías, las capacidades y los recursos y entra la corrupción como en su casa”.

 

“En el sector azucarero ya se necesita terminar con el tema de las administraciones judiciales, y que estas empresas funcionen como sociedades anónimas, pero el Estado tiene que garantizar que se haga”, indica Pedro Alva, que también plantea que los trabajadores, que todavía tienen una importante representación de accionariado, limen sus asperezas y sus graves desencuentros para tener una plataforma básica de acuerdo para el relanzamiento de la empresa.

 

En tanto el coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Lambayeque, Luis Montenegro Serquén, señaló que los actuales conflictos sociales que se presentan en la región “es un tema bien difícil” para quienes como autoridades tienen la responsabilidad de enfrentarlos y de buscarles una solución.

 

“La prefecta tiene mucho que ver en el sentido, porque es su responsabilidad, pues representa al presidente de la República para solucionar problemas, pero de repente no tiene al alcance las herramientas, como es la coordinación con las autoridades de los diferentes distritos para poder manejarlo en conjunto”, manifiesta.

 

Por ello considera oportuno que convoque al presidente regional y a los alcaldes, para tener acciones no solo coordinadas y concretas con la policía. “Es algo que debemos ponerle mucho acento y va desde la unificación de criterios para actuar en conjunto”.

 

Debería haber un liderazgo, de repente desde el gobierno regional que tiene mayores recursos y convocar al poder judicial…aunque hay una comisión anticorrupción, pero no tiene esa fuerza que la tendría si se convocara a todos los alcaldes”.