En la región Lambayeque, la conflictividad aumentó en relación a temas laborales-sociales. Actualmente la Defensoría del Pueblo reporta y monitorea a cinco distritos, donde se registra conflictos sociales.

 

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, informó que más allá que los casos estén judicializados o no, las autoridades regionales y locales deben interesarse en hallar la paz social en su territorio.

 

“Esperamos que las autoridades puedan dar el valor y la importancia a cada uno de los casos; vale la participación activa para intervenir, más allá de estar judicializado o no, siempre se busca la paz social en todos los distritos”, acotó.

 

Las diferencias por las administraciones y el incumplimiento del pago de la deuda social, conlleva a que los conflictos en Pucalá, Tumán y Pomalca, estén latentes.

 

Respecto a los distritos “excooperativas”, los intereses azucareros son muy fuertes y sin duda eso genera una mayor tensión y diferencia entre los trabajadores.

 

Explicó que en Pucalá el conflicto está activo, significando que hay una controversia que genera una tensión y en cualquier momento puede generar una crisis como ha sucedido hace unos días, dando como resultado una persona muerta por proyectil de arma de fuego tras el enfrentamiento.

 

El Poder judicial hasta hoy no ha podido dar un curso legal definitivo y resolver la controversia jurídica sobre la convocatoria de la junta general de accionistas de la empresa. “Se ha permitido el ingreso de administraciones judiciales que son temporales y que provoca inestabilidad de gobernabilidad en la empresa”.

 

Situación similar ocurre en el distrito de Tumán, donde se presenta conflictos por la administración de la empresa azucarera.

 

Hidalgo Reyes, refirió que resulta necesaria la existencia de jueces titulares y se evacue un juzgado Ad Hoc, de tal manera que exista competencia única y exclusiva para resolver los conflictos de azucareros que tienen más de 15 años y que debido al cambio contante de jueces no hay soluciones, generando inestabilidad jurídica.

 

“Es necesario que el Poder Judicial evalúe esta situación y vea la manera como puede resolverla. Hay trabajadores que no reciben sus remuneraciones, siendo demandas válidas, se coordina con los juzgados para que tomen una decisión adecuada legal”, comentó y agregó que los enfrentamientos deben parar, no se puede permitir más problemas y que todo depende del Poder Judicial.

 

También se refirió a Cañaris, donde la población reclama por la actividad minera. “En Cañaris es un tema ambiental, iban a realizar actividades mineras para excavar cobre, pero ya no se ha ejecutado, igual estamos a la expectativa”.

 

La nueva ciudad de Olmos, es otro conflicto social, siendo el reclamo constante de la población. “La población reclama por la inversión en la nueva ciudad y el distrito en sí, ha quedado abandonado, no hay obras, de tal manera que se invierta de manera equitativa”.

 

El tema de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es un caso que se evalúa si será considerado como conflicto social o no, porque el proceso de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, puede generar enfrentamientos.

 

Los conflictos sociales mantienen en alerta a las autoridades con quienes se busca el diálogo para llegar a un buen entendimiento, teniendo como intermediarios a la Defensoría del Pueblo. De manera mensual, esta institución informa sobre el estado de los conflictos en los distritos.

 

Hace unos días, el violento enfrentamiento por el control de la empresa agroindustrial Pucalá, cobró la vida de Jenrry Elmer Chudán Calderón, de 47 años; quien recibió dos disparos en la cabeza.

 

Los hechos se registraron, luego que un numeroso grupo de obreros se acercara hasta el exterior del ingenio azucarero, para realizar una asamblea con el sindicato. Tras varios minutos de protesta se iniciaron los insultos y conatos con los trabajadores que se encontraban al interior de la azucarera por diferencias con la actual administración judicial.

 

Hace unos días, la prefecta regional Ana Ubillús Ticlla, informó que solicitará las garantías para su persona y fuera de la prefectura, puesto que un grupo de 15 personas lanzaron diversas amenazas contra ella.

 

“Llegaron a lanzar piedras, insultos y amenazas, yo no estuve en la oficina, pero sí el personal administrativo; quienes han sufrido las consecuencias. La prefectura es una institución que debe respetarse y llamamos a la calma”, acotó.

 

Explicó que elabora un informe con el acta policial para que se tome las medidas, porque teme por su personal, su familia y su persona. Agregó que no se puede avalar actos de violencia en la comisaría de Pucalá, prefectura regional ni contra la integralidad del prefecto distrital y su familia.

 

“Estas personas son unos vándalos, no me refiero a todos, sino a este grupo de personas que fue a cometer estos actos en la prefectura”, expresó.

 

La prefecta manifestó que el tema de la empresa azucarera esta judicializado; por lo tanto, no se puede intervenir, habiendo limitaciones.

 

“Ellos exigen más intervención de la prefectura, pero es un tema judicializado, no entienden que tenemos un campo de acción limitado, al exigir más intervención y uno les explica que no es posible porque tenemos un marco funcional que respetar, ellos no son personas que dialogan sino son violentas, no es la primera vez que sucede esto”, observó.