Las personas con discapacidad de Lambayeque exigen respeto al uso del presupuesto destinado en beneficio de este sector.

 

El decreto de urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, dispone sobre el uso de este presupuesto.

 

Los gobiernos locales y gobiernos regionales están autorizados para utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presenten algún tipo de discapacidad.

 

Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales están autorizados para utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPEDS) y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción.

 

Sin embargo, esta situación no se cumple y muchas veces se utiliza este 1% del presupuesto en otras actividades.

 

El representante del Consejo Nacional de las Personas Con Discapacidad, José Muro Carrasco explicó que los municipios señalan que no cuentan con este presupuesto porque la anterior gestión no tuvo en cuenta esta situación, es por eso que están coordinando tanto con el gobierno regional y municipalidad para que en el presupuesto del 2020 si se tome en cuenta.

 

Hay que indicar que la Federación de Personas con Discapacidad está a la espera de fin de año, fecha cuando las autoridades deben informar sobre los gastos, según esta información se procederá con las denuncias.

 

“Actualmente los gobiernos no están cumpliendo con el uso del presupuesto o lo usan para otras áreas, obteniendo como respuesta que la responsabilidad es de la gestión anterior”, aseveró.

 

La ley indica que los gobiernos regionales y gobiernos locales deben informan anualmente, por escrito, a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del titular del pliego, gerente general y gerente municipal respectivamente. Una copia de dicho informe se remite al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.