Una bulliciosa y enardecida turba de trabajadores pucaleños entorpecieron la ceremonia central por el XXXI aniversario de la Policía Nacional, al ingresar frente al estrado oficial, y pese a los nerviosos y denodados esfuerzos de los jefes policiales, permanecieron por cerca de una hora vociferando lemas contra la Policía y pidiendo atención a sus conflictos.

 

Cerca al mediodía los manifestantes se hicieron notar a una cuadra del lugar donde se realizaba la ceremonia, frente al local de la Comisaría de Mujeres en la avenida Balta.

 

A los pocos minutos lograron infiltrarse frente a las propias autoridades invitadas, gritando lemas como “no más muertes” y “queremos garantías”, desluciendo por completo el desfile que a esa hora se realizaba y dejando atónitas a las autoridades e invitados presentes.

 

De inmediato se formó un cordón policial frente a los revoltosos, pero nada impidió que continuaran con su bulliciosa protesta, la que a cada minuto iba creciendo, ya que los trabajadores iban entrando uno a uno sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

 

Altos mandos de la Policía Nacional se acercaron a tratar de disuadir a los manifestantes para que se retiren del lugar, pero ya no pudieron hacer nada, pues solo recibieron más gritos destemplados de la turba.

 

Incluso los manifestantes observaron todo el desfile con el que concluía el acto protocolar y posteriormente, con la presencia de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), fueron retirados de la ceremonia, produciéndose nuevamente enfrentamientos.

 

Muchos salieron corriendo del lugar y otros tiraron objetos, entre ellos un cono de tránsito a los efectivos policiales que se resguardaban con sus escudos.

 

Al posicionarse nuevamente a una cuadra de la ceremonia, los quejosos permanecieron en el lugar e incluso trajeron tres ataúdes que representaban las muertes en esta empresa.

 

Como se recuerda, el pasado miércoles 4 de diciembre se produjo una muerte en Pucalá producto del enfrentamiento por la administración de la azucarera. La población culpa a la Policía de no brindarles protección cuando pidieron su intervención en el momento del enfrentamiento.

 

Los demandantes indicaron que piden el ingreso de la administración legal, ya que a la fecha no les pagan y no tienen recursos para vivir ni comer.

 

El jefe de la Macro Región Policial Lambayeque, general PNP Julio Díaz Zulueta, tras lamentar los sucesos, dijo que evalúa una posible emergencia en Pucalá.

 

“Pregúntenme de la Policía no de esto, no me hagan muchas preguntas, tengo invitados”, dijo visiblemente nervioso, mientras su seguridad impedía el acceso de la prensa.

 

“Es lamentable que en una ceremonia tan especial, en el día de la Policía Nacional vengan personas y hagan esto, yo veo que no es correcto, nada más y quiero decirles cuántos años tienen problemas las agroindustriales en Chiclayo, tienen muchos años”, enfatizó la máxima autoridad policial.

 

Se preguntó si el problema era de la Policía Nacional y respondió que Pucalá es una institución privada, donde nadie puede entrar y si quieren hablar de garantías, las garantías no las da la Policía Nacional.

 

“Garantías están a cargo de la Prefectura. Hasta ahora no hay reprogramada una nueva fecha para ingreso de otra administración. El pueblo de Pucalá está tranquilo, el problema es adentro de la empresa”, afirmó y anotó que han destinado 50 efectivos que considera suficientes.

 

“Yo no puedo decir quién es culpable, yo he pedido al comité regional que todas las autoridades hagamos un comité de crisis por esta problemática. Este no es problema de la Policía, mi función es tranquilizar la ciudad, en Pucalá he llamado a la tranquilidad a la población. Tenemos el personal suficiente, pero lo que pasa adentro de la empresa, la ley no me permite ingresar fácilmente”, subrayó.

 

“Estamos en evaluación de un estado de emergencia, se evalúa”, acotó brevemente el general Díaz Zulueta.

 

A su turno, la Prefecta Ana Ubillús Ticlla, dijo que Pucalá es un tema que está judicializado y es competencia de la autoridad policial que coordine con el Poder Judicial.

 

“Nosotros emitimos garantías personales y de orden público relacionadas a movilizaciones; no tenemos ninguna competencia relacionada a garantías de este tipo”, explicó.

 

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Juan Arteaga Vera, informó que la Segunda Fiscalía Corporativa Penal, a cargo del fiscal César Celis Zapata, tiene la investigación preliminar por 90 días, por los delitos de homicidio, lesiones y daños por la muerte en la azucarera; además, realiza todas las diligencias del caso y no se descarta que pueda derivarse a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado.

 

Tiene 90 días de plazo para investigar, o antes, de tener los elementos de convicción, definirá cuál es la competencia.

 

Anotó que hay una investigación relacionada con hechos violentos en Pucalá, por otras muertes de fechas anteriores.

 

“Es un problema social que se origina por diversas resoluciones judiciales que nombran a diversas administraciones judiciales. Es una empresa privada, de tal manera que los diversos grupos de poder que ingresan y las ambiciones, originan actos de violencia”, aseveró.

 

Indicó que la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado tiene dos años, de tal manera que no pueden decir que no ha hecho nada. Agregó que se está investigando.