Los procesos judiciales que vienen desde el 2017 hasta la fecha de extrabajadores, suman 70 demandas de reposiciones judiciales, entre empleados y obreros, lo que aumentaría la planilla y afectaría la economía de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

 

El procurador municipal, Juan Vásquez Terrones explicó que se trata de extrabajadores que laboraron en la gestión anterior, pero sin contrato, siendo contactados de manera verbal y cobraban sus sueldos con recibos por honorarios. En el caso de empleados, al superar el año tienen más derechos y se aferran a la ley para pedir su reposición.

 

“Por ejemplo, encontramos que un locador de servicios al inicio trabajó de manera verbal, luego pasó a ser jefe de área, recibiendo resoluciones de alcaldía, felicitándolo por su trabajo o también les extendían certificados de trabajo, eso ya crea un vínculo con la municipalidad”, acotó.

 

De retornar los trabajadores, ocasionaría perjuicio económico porque la municipalidad no tiene como pagar sus remuneraciones, y los tributos de los ferreñafanos se destinarían para los salarios, expresó el letrado.

 

Según la información que maneja, es que la mayoría recibía un sueldo mínimo de 1500 soles y que no tenían una profesión.

 

“Esta situación es un dolor de cabeza para el jefe de Recursos Humanos, porque la municipalidad es pequeña y no hay a donde ubicarlos, la municipalidad no tiene espacios”, comentó.

 

Vásquez Terrones refirió que desde el 2017, respecto a estos casos de reposición, las Salas Laborales estaban remitiendo oficios a la oficina regional de la Contraloría General de la República, para que determinen un tema de responsabilidad administrativa de ser el caso, respecto de los funcionarios que permitieron la contratación irregular de los trabajadores.

 

En ese sentido en la provincia de Ferreñafe, los juzgados de primera instancia y las salas laborales están remitiendo esa información a Contraloría, sin perjuicio a que Procuraduría a fin de año emita un informe para que se determine también responsabilidades. Señaló que esta información irá a Secretaría Técnica de la municipalidad, para que evalúe el perjuicio que ocasionaría el retorno de los trabajadores, su reposición y las consecuencias, porque ellos pueden demandar por despidos arbitrarios, beneficios sociales, aplicación de pactos colectivos, entre otros.

 

Procuraduría también informó de tres demandas de exfuncionarios que buscan su reposición. “La norma es clara y no procede; uno ya tiene sentencia que es favorable para la comuna”.

 

También se evalúa el caso de pactos colectivos de empleados y obreros, siendo esta una clara vulneración de las normas y presupuesto, dijo el letrado. “Ellos piden aumento por el día de la escobita, montos exorbitantes por lo que Procuraduría presentará las acciones judiciales”. A fin de año se emitirá un informe de cómo encontró el área y de la carga procesal.

 

Recordó que hay casos, donde el Juzgado le solicita a las exautoridades que regresen el dinero al Estado, tal es el caso del exalcalde William Cabrejos y dos exfuncionarios más, con sentencia emitida por la Corte Suprema. “Tengo entendido que el juzgado les pide el pago de un cuarto de millón de soles, siendo la parte demandante la Contraloría General de la República; este dinero debe regresar al Estado y esto es parte de los procesos judiciales que mantiene la exautoridad”.

 

Hace unas semanas, la alcaldesa Violeta Muro Mesones refirió que la población sí tiene cultura de pago y que antes de fin de año, se evaluará en el pleno del concejo un proyecto para lanzar una amnistía por concepto de papeletas, que favorecerá a los transportistas. Esto ayudaría en la recaudación que realiza la municipalidad, lo cual debe ser destinado para obras.