Voceros de diversas comunidades campesinas de Lambayeque, La Libertad y Piura, se reunieron ayer, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) para dar a conocer la situación de la justicia ambiental, impactos del cambio climático y la vigencia de los conflictos ecoterritoriales en el norte del Perú.

“Las comunidades campesinas que siempre han sido los mejores guardianes del ecosistema, están en retroceso por grandes presiones e intereses de otro tipo; generalmente de negocios extractivos. Existen estrategias bien definidas que están asociadas a la corrupción y buscan despojar el patrimonio territorial”, manifestó.

El presidente del Frente de Defensa de Chaparrí, subrayó que de acuerdo a las experiencias de los comuneros; las mismas acciones se están registrando en Lambayeque, La Libertad y Piura; donde se han identificado asambleas sin quórum que terminan beneficiando a las empresas a través de grandes proyectos que afectan a la flora y fauna de las áreas naturales.

“Lo más cercano es el distrito de Olmos; a quien le quitaron 124 mil hectáreas a la comunidad Santo Domingo. Dijeron que iban a pagar por justiprecio, pero hasta ahora no lo han hecho. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiados?”, acotó.

Ruiz Gutiérrez sostuvo que lo mismo sucede en Chaparrí; donde el señor Miguel Becerra Fernández, continúa realizando movimiento de tierra y construcción de infraestructura sin ninguna autorización. Por ello, el miércoles 30 de octubre el Servicio Forestal de Fauna Silvestre (Serfor) solicitó una Medida Cautelar de paralización de actividades. No obstante, aún no obtienen ninguna respuesta.

Por otro lado, mencionó que si bien es cierto se han desarticulado a algunas bandas criminales de tráfico de terrenos, los que han caído han sido los operadores, los brazos criminales, pero los actores intelectuales aún faltar ser sancionados. En ese sentido, el Ministerio Público y el Poder Judicial aún tienen un gran reto que cumplir.