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Publicado el Domingo, 20 de Octubre del 2019

Ministerio Público rechaza machismo

El Ministerio Público rechazó las afirmaciones de la ministra de la Mujer sobre machismo en dicha institución.

 Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer han recibido más de 1,300 denuncias en Chiclayo y más de 400 casos en José Leonardo Ortiz, los cuales han sido puestos en conocimiento del juzgado especializado, quien decide si se brindan las medidas de protección a la víctima, mientras que el caso es investigado en la fiscalía.

Esta fue la respuesta que dio el Ministerio Público de Lambayeque, ante las declaraciones de la ministra de la Mujer, quien criticó el accionar de este organismo, indicando que tanto en la Fiscalía como en la Policía Nacional existe machismo y lentitud en las denuncias de este tipo.

“En relación al machismo, el Ministerio Público tiene como política institucional la igualdad de género y es dirigido por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera”, resaltan en un comunicado. A la vez precisan que en Lambayeque esta política ha sido dirigida en los últimos años por las fiscales superiores Carmen Graciela Miranda Vidaurre, Giovana del Río Carreño y Mariana del Pilar Vásquez Zagaceta.

Además, de las siete fiscales provinciales especializadas creadas recientemente, seis son mujeres y más del 50 por ciento del personal fiscal y administrativo es femenino.

“Rechazamos las afirmaciones de la funcionaria por cuanto tienen contenido político y no ha puntualizado el supuesto machismo en nuestra institución”, refiere el texto.

Asimismo, precisan que frente al incremento de los casos de violencia familiar, desde julio del presente año se han constituido en el Distrito Fiscal de Lambayeque las Fiscalías Especializadas en delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, con 15 y 6 fiscales, respectivamente.

Con ello se busca enfrentar eficazmente dicha la carga procesal y tener unidad en la investigación y aplicación de la ley, para mejorar la atención de los litigantes. La próxima semana empezarán a laborar 10 asistentes más en dichas fiscalías.

“Ratificamos nuestro compromiso de trabajo por la defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por ley, la defensa del menor, la familia y por la recta administración de justicia”, puntualizan.

Condenas

Un total de 5,452 sentencias condenatorias ha logrado el Ministerio Público en Lambayeque lo que va del presente año, afirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Juan Arteaga Vera.

La autoridad sostuvo además que en el mismo período hubo 491 sentencias absolutorias.

Al destacar las cifras alcanzadas en la lucha contra la delincuencia, señaló que son posibles por el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.

De la cifra total de sentenciados, sostuvo que se lograron 1,673 condenas por el delito de lesiones, 52 por el delito contra la vida el cuerpo y la salud y 34 por homicidio.

En delitos contra la familia se alcanzó un total de 1,659 sentencias de las cuales 1,647 corresponden al delito de omisión a la asistencia familiar, 6 por atentados contra la patria potestad, 04 contra el estado civil y 2 por matrimonios ilegales.

En los delitos contra el patrimonio se tiene 792 sentencias, siendo que 324 corresponden a hurto, 155 por robo, 70 por receptación y 70 por estafa y otras defraudaciones, 62 por usurpación, 34 por apropiación ilícita, 30 contra el patrimonio, 28 por daños, 8 por abigeato y 7 por extorsión.

Respecto a delitos contra la seguridad pública se registraron 575 sentencias condenatorias, de las cuales 421 son por peligro común, 152 contra la salud pública, 01 contra medios de transporte y 01 contra la seguridad pública.

También se obtuvieron 204 sentencias por delitos contra la administración pública, siendo que 58 fueron por delitos cometidos por funcionarios públicos, 47 delitos cometidos por particulares, 30 delitos cometidos por funcionarios públicos 23 contra la administración pública y 19 contra la administración de justicia.

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