“El jefe del OCI debe estar detrás de los coimeros, corruptos, de los robos que hay en las entidades públicas, denunciando la mala calidad de las obras, y no estar enviando documentos para negarle el derecho a la alimentación a la clase trabajadora”, aseveró el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Centros Educativos (SUTACES), Ulises Díaz Ruiz.

“Nosotros entendemos perfectamente lo que dice la ley de presupuesto, y es cierto, prohíbe reajustes. Pero no prohíbe algo que se nos viene dando con antelación, que es un derecho de los trabajadores, lo que ha notificado el jefe de la OCI es algo absurdo”, expresó el secretario general del Sutace, Ulises Díaz Ruiz.

Para el dirigente del sector Educación, lo notificado por el OCI, es cuestionable porque desde hace muchos años los empleados públicos de la región reciben para Navidad sus vales de consumo y para ello ya existe un presupuesto fijo.

“Nos preguntamos, ¿qué van a hacer con ese presupuesto?, ¿acaso lo van a destinar para otras adquisiciones o lo van a devolver?, ¿qué pensaría el Gobierno Nacional?, se va a reír porque los vales de consumo se dan todos los años, no solo en Lambayeque, sino a nivel nacional”, dijo Díaz Ruiz.

Todos los fines de año los trabajadores recibían vales de consumo por 500 soles como un incentivo por Navidad, los trabajadores consideran que esto es un aliciente porque en el sector público sus sueldos son mínimos y esto ayudaba en mucho su canasta familiar.

Críticas

La premisa de los trabajadores, es que se trataría de una estrategia del Gobierno Regional de Lambayeque por el reciente escándalo desatado en el sector Salud, donde se dio prioridad a los vales de consumo de los trabajadores y no se compraron las incubadoras que se necesitan en el área de neonatología, donde se registró la muerte de 30 bebés.

“Ese fue un problema de una mala ejecución presupuestaria en el sector Salud y ahora quieren achacarlo, quitando el alimento a los trabajadores”, enfatizó Ulises Díaz.

Los sindicalistas del sector Educación, junto a otros sectores regionales planifican organizar una conferencia de prensa para pronunciarse sobre este tema que perjudicaría a cientos de trabajadores de las entidades públicas.