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Publicado el Jueves, 10 de Octubre del 2019

Willy Serrato apeló detención preliminar

Apelación presentada por Willy Serrato la resolverá el tribunal de la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

 Aun día de vencerse el plazo de la detención preliminar contra el alcalde suspendido Willy Serrato Puse y otras 19 personas, entre funcionarios de la Municipalidad de Olmos y proveedores, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidirá hoy si declara fundado o rechaza el recurso de apelación, con la busca dejar sin efecto la medida coercitiva que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo resolvió en su contra desde el pasado 1 de octubre.

Hace diez días, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró la captura y detención preliminar contra Serrato Puse; a quien lo sindica de pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración pública.

Durante la audiencia de apelación, Walter Torres Vera, asesor legal de Willy Serrato, manifestó a los magistrados que la orden de detención preliminar carece de motivación, porque en el requerimiento fiscal no existiría ningún indicio que sindique al suspendido alcalde de Olmos de cometer el delito de colusión agravada.

De acuerdo a investigación fiscal a cargo de la magistrada anticorrupción Karim Ninaquispe Gil; Willy Serrato durante la gestión edil, que realizó de enero a junio del 2019, habría aprobado la adjudicación de varios procesos de bienes y servicios para la comuna de Olmos por montos “sobrevalorados” y en la que los proveedores que firmaron contratos, serían personas vinculadas al resto de imputados en este caso; lo que habría generado un perjuicio económico de un millón y medio de soles.

La fiscalía sostiene que cuando se iba a realizar un contrato, se simulaban las cotizaciones para direccionar la adjudicación de un bien y servicio a un proveedor de su entorno, incluso en su mayoría ponían de gerentes o representantes legales a terceras personas para que no sean detectados.

Asimismo, los comprobantes de pagos, proformas y contratos no coincidían en su tramitación, lo que permitía que los proveedores cobren por sus bienes y servicios sin cumplir los requisitos administrativos y legales que exige la Ley de Contrataciones del Estado.

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