La voluntad del gobernador regional Anselmo Lozano Centurión para trabajar en el fortalecimiento de la educación sí existe, pero dudan que cumpla con sus promesas.
Uno de los principales motivos es el aspecto pedagógico. “Hemos quedado para que se convoque capacitaciones permanentes, se firme convenios con universidades, que se invierta para nosotros estar capacitados y eso transmitirlo a los escolares”.
Explicó que en este trabajo tiene mucho que ver la Gerencia Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, puesto que convocan a capacitaciones, pero solo a un 20% del magisterio, los demás deben hacerlo con sus propios recursos económicos.
“La Ley de la Reforma Magisterial, establece que debe existir evaluaciones, pero para eso, nosotros debemos estar capacitados”, puntualizó.
En Sutep Lambayeque son 6 mil afiliados, mientras que a nivel nacional son más de 200 mil maestros.
Durante la reunión con la autoridad también se le informó sobre las demandas judiciales de los trabajadores, pago de deuda social, entre otros beneficios laborales.
“La palabra o voluntad política del gobernador está ahí, el problema es que lo cumpla por el bien de los maestros y alumnos”, expresó.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos e Institutos Superiores de Lambayeque, Ulises Díaz Ruíz mencionó que no solo los docentes deben ser capacitados y actualizados, sino los trabajadores del sector en lo que concierne la administración y demás puntos.
Además mencionó que los trabajadores de los colegios requieren de uniformes para cumplir con sus labores, expresó que en el caso de los empleados de las Unidades de Gestión Educativa Local y gerencia regional de Educación, sí cuentan con el vestuario correspondiente. En la región Lambayeque son 800 trabajadores del sector Educación.
“No hay voluntad política para resolver la problemática, ni siquiera nos recibe en su despacho, pone cualquier pretexto, nos está excluyendo”, comentó.
El dirigente también mencionó la falta de desinterés de la autoridad para pagar la deuda social que arrastra de hace varios años.