La coyuntura política por la que atraviesa el Perú, La Industria accedió a una entrevista con el constitucionalista Carlos Mesía Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional (TC); quien manifestó que el país tiene todas las herramientas legales para combatir la corrupción. Lo que implica que desde la sociedad empecemos a preguntarnos ¿en qué estamos fallando?

Desde que se aprobó la Constitución Política del Perú de 1993, yo critique el sistema de reclutamiento de los magistrados del TC, porque es una constitución atípica que no se reproduce en la generalidad del derecho comparado.

Por ejemplo, en los sistemas constitucionales de Occidente, como Alemania, Italia, Colombia, España e Italia, son nueve los magistrados del TC; tres elegidos por el Parlamento, tres por el Poder Ejecutivo y tres por el Poder Judicial. De tal forma, que no se produce esa ida o sospecha en la ciudadanía, de que un órgano del Estado, en este caso el Congreso, pretende controlar la situación. Que además no es cierto, porque para elegir a un miembro del TC se necesitan 87 votos y ningún partido tiene esa cantidad de personas. Entonces, la elección de un magistrado es el resultado de un consenso, donde es imposible que un solo grupo pueda copar, precisó.

La Constitución Política del Perú de 1993, es muy benevolente frente a los actos de corrupción?

Ninguna Constitución tiene la formula químicamente pura para curar todos los males de la corrupción. Son los hombres los que se corrompen, entonces más que la Constitución, lo que está fallando es nuestro sistema de justicia que incluye el aspecto legal, el área de transparencia y los procesos judiciales.

Tenemos el Código Penal, el Código Procesal Penal, las atribuciones que tienen los fiscales, el sistema de contrataciones y licitaciones del Estado y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Tenemos todo el aparato para combatir la corrupción, lo que implica que desde la sociedad empecemos a preguntarnos ¿en qué estamos fallando?

La situación en la que nos encontramos es un terremoto político, el epicentro está en el fenómeno Lava Jato; que hasta el día de hoy, no tenemos a nadie preso por ello. Lo cual no es culpa de la Constitución, sino de los actores políticos y judiciales.

Considera que vivimos en un estado democrático? Si su respuesta es no, ¿qué nos faltaría?

Si me preguntas por la coyuntura (disolución del Congreso), digamos que estamos en un Estado donde hay instituciones más o menos democráticas, pero que pueden corromperse cuando no hay controles o el poder tiende a expandirse como un gas venenoso.

No obstante, si lo miramos en perspectiva histórica, podríamos decir que el Perú sí vive en democracia, pero aún existen instituciones débiles. Para mejorar considero que se debe fortalecer y modernizar el sistema de justicia: bajar la carga, capacitar a los jueces, otorgar nuevas leyes en materia a la persecución de la corrupción y mejorar la estructura de los partidos políticos.

Es una gran revolución la que hay que hacer, pero parece ser que los poderes del Estado no están a la altura de las circunstancias.

¿Cuál es su opinión respecto a la confrontación que se suscitó entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo?

En las democracias donde impera el pluralismo biológico y político, las confrontaciones son normales y se superan por la vía del diálogo. En cambio, en las dictaduras donde no hay pluralismo, sino la imposición de una idea, no existe diálogo.

Por tanto, creo que el gran fracaso de nuestra democracia con el cierre del Congreso de la República implica, que no ha existido por parte de los líderes del país la suficiente capacidad para desprenderse de sus orgullos personales e ir en búsqueda del bien común, que es en el fondo lo que el Perú necesita.

La medida que adoptó el presidente Martín Vizcarra al disolver el Congreso fue inconstitucional, tal y como señalan algunos especialistas?

Es inconstitucional porque el mandatario disolvió el Congreso sin que ningún ministro, en ese momento, haya refrendado su acto; y según la Constitución, son nulos los actos del presidente que no tienen refrendación de los ministros.

Entonces la disolución del Congreso fue refrendada posteriormente y eso es imposible. Existen rumores de que algunos ministros como el de Economía, el de Relaciones Exteriores y el primer ministro (Salvador del Solar) se negaron a firmar la medida; por eso el primer ministro actual (Vicente Zevallos), se ha visto en la obligación de firmar.

El Parlamento le dio la Cuestión de Confianza, pero el presidente mucho antes de que sucediera, interpretó que se le había denegado y eso no es posible en el derecho.

Se podría decir que el mandatario disolvió el Congreso porque no tenía otra medida? ¿Qué otra acción pudo llevar a cabo, considerando que los parlamentarios en su mayoría no quisieron dar la Cuestión de Confianza?

Lo que pasa es que el parlamento es una de las instituciones más impopulares. Sin embargo; hay que cuidarlo porque de lo contrario no existiría democracia. La democracia es vigencia de la Constitución y la Constitución es fundamentalmente libertad, igualdad, vida y propiedad.

Sin embargo, nuestra animadversión hacia el Congreso nos lleva a desenfocar el análisis y la observación precisa. Ese día (30 de setiembre) el Congreso tenía que elegir a los nuevos magistrados del TC y para garantizar la autonomía y la independencia del órgano, tanto la Constitución como las leyes le otorgan al Parlamento la capacidad de ser dueño de su agenda. Sin embargo, solo queda esperar hasta el 2021. Entonces, veremos si él (presidente) tenía razón cuando decía que el Parlamento no lo dejaba gobernar.

Lo que creo es que mucho antes de este choque de trenes, las fuerzas políticas que estaban en una permanente tensión debieron seguir dialogando, debieron seguir buscando una salida, para evitar la confrontación.

Qué debería pasar con el presidente Martín Vizcarra después de la disolución del Congreso?

Lo que yo creo, como siempre lo he dicho, en un sistema presidencial, donde tanto el parlamento como el presidente de la República tienen periodos constitucionales incólumes. En ese sentido, Martín Vizcarra tiene que cumplir con su mandato como sea, pero no renunciar.

Lo que sí debemos exigirle es que gobierne en democracia; respetando la propiedad, las leyes y sobre todo, la Constitución, porque quienes los acompañan en toda esta aventura política son grupo de izquierda, que tienen como programa de primer orden el ir a tomar el Congreso para desembocar en una asamblea constituyente, que no sabemos si nos va a llevar a un modelo chavista.