Un diagnóstico nada alentador sobre la dura realidad penitenciaria en la región lambayecana brindó el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, cuyas recomendaciones, aseveró, en su momento fueron elevadas al Ejecutivo regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

 

El funcionario calificó de “crisis” la situación que atraviesa el sistema penitenciario, el cual, aseguró obedece a la desatención presupuestaria del Gobierno Central.

 

“Hay una crisis en el sistema penitenciario debido a la falta de presupuesto que el Estado debería dar al INPE para fortalecer sus capacidades, o sea, si queremos una reforma del sistema penitenciario debemos manejar presupuesto, no podemos manejar discursos y diagnósticos situacionales si no tenemos dinero”, puntualizó.

 

Uno de los primeros ejes a los que se refirió Hidalgo Reyes es la condición de la infraestructura que presenta el establecimiento penitenciario de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, donde se vive un hacinamiento total, pues se estima en 4 mil los internos, entre sentenciados y sin sentencia.

 

Para Hidalgo, lo ideal sería la reubicación del reclusorio, pero el primer impedimento –dijo– es la falta de presupuesto.

 

“Los problemas al interior del penal son diversos, este ya superó su capacidad operativa para albergar a los internos. Creo que si los internos no se van es porque no quieren, porque la población que tiene respondería fácilmente a una vulneración de la seguridad, el penal es altamente vulnerable”, comentó.

 

Resaltó que, por la cantidad de reos existentes, quizá el número de agentes del INPE y de efectivos policiales no respondería ante la vulneración de la seguridad, aunque aseguró que se activarían los protocolos de seguridad.

 

“A lo que quiero llegar en concreto es que, la infraestructura hace altamente vulnerable a la seguridad (del penal) y es necesario inversión, y el Ejecutivo no invierte y cuando lo quiso hacer (para ampliar el reclusorio) la población (del distrito de Picsi) no lo permitió”, expresó.

 

Ante esto enfatizó que, la Defensoría planteó y recomendó al Ejecutivo la necesidad de ampliar el establecimiento penitenciario, así como el desarrollo de un trabajo social con la población (de Picsi) a la cual se le ofreció mejorar su sistema de alcantarillado, la comisaría, centro de salud, entre otras cosas.

 

“Lo ideal sería una reubicación en una zona alejada a la población de un distrito, es lo que corresponde, pero esto implica la construcción de una nueva infraestructura, lo cual no está considerado dentro del Ejecutivo”, resumió.

 

Con relación a la atención de salud al interior del penal, Hidalgo Reyes sostuvo que se hacen los esfuerzos para que con los pocos recursos que tienen y el equipo de profesionales de salud con el que cuentan atiendan los casos, pero este es uno de los problemas principales, enfatizó.

 

Agregó que la población carcelaria se queja porque no recibe la atención especializada al interior del penal, esto porque existe uno a dos médicos; además se registran pacientes de alto riesgo como la TBC, muchos multidrogos resistentes, pacientes con VIH, etc.

 

“Cuando supera la especialidad del médico, ahí se genera el problema para trasladarlos a un hospital, sacarles la cita y tramitar el traslado, a veces al día se puede demandar el traslado de cinco a 10 internos, pero no hay personal ni logística para traerlos al nosocomio a todos”, reveló.

 

Sobre el rol de reinserción a la sociedad que el sistema penitenciario debe cumplir con cada uno de los reclusos, Hidalgo Reyes lamentó que este no se esté cumpliendo a cabalidad.

 

Detalló que, jurídicamente la norma establece que para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, el reo debe estar reinsertado a la sociedad, lo cual significa que antes debe tomar terapias para modular su conducta.

 

“Pero debido al alto hacinamiento y poco personal penitenciario para el trabajo socioterapeútico en la práctica no se da, esto evidencia el poco recurso que tiene el INPE, el cual debe ser fortalecido con más profesionales, así como la mejora de sus remuneraciones”, consideró.

 

Por último añadió que, son pocos los profesionales que trabajan en este campo (socioterapeútico) en el penal Chiclayo.